El trabajo de pericia informática solicitado al Grupo de Investigación “Deep Tech Lab de Bisite” de la Fundación de la Universidad de Salamanca de España, con el que el Ministerio Público cierra el “caso fraude electoral 2019”, tuvo un costo de 216.193,05 bolivianos, informó este domingo el secretario general de la Fiscalía del Estado, Edwin Quispe.
Explicó que el análisis de integridad electoral es “prácticamente significativo” porque la Universidad de Salamanca señaló que es una Fundación sin fines de lucro.
La Fiscalía, constitucionalmente, está obligada a cancelar cualquier tipo de servicios y, obviamente, al ser tan especializado no se podía dejar de honrar con “esa mínima manifestación en reconocimiento al trabajo que estuvieran realizando”.
La autoridad defendió la legalidad del estudio de esta Fundación frente al informe de la Organización de Estados Americano (OEA), porque no tiene firma de ninguna persona responsable, no señala que hubo “fraude” ni que se han alterado datos del cómputo oficial.
Quispe indicó que el trabajo de investigación que se realizó da certeza al Ministerio Público para emitir un requerimiento conclusivo de sobreseimiento que fue notificado a las partes que tienen derecho de objetar ante la autoridad competente, quien emitirá su fallo y de confirmar el resultado se archivará el caso.
Sin embargo, Quispe observó que, a un año y siete meses de las elecciones de 2019, no ha visto que alguna de las partes se haya preocupado en aportar elementos que ayuden a la investigación, reportó la red Erbol.
Para la Fiscalía General del Estado tampoco se confirmó el carácter vinculante del informe de la OEA, ya que para ellos lo único válido, es todo lo que emerge mediante ley o mediante norma emitida por autoridad competente.
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