La Organización de Estados Americanos (OEA) a través de su secretario general, Luis Almagro afirmó este lunes, que comparte las observaciones señaladas por la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), acerca de los procesos establecidos en contra de las exautoridades de Estado en Bolivia.
El director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco afirmó el viernes 12 de marzo, que las órdenes de captura en contra de la expresidente del Estado boliviano, Jeanine Añez y sus exministros, no contienen evidencia que hayan cometido el delito de “terrorismo”, como se los acusa.
“Compartimos conceptos expresados por HRW”, afirmó Almagro en un corto mensaje en su cuenta de Twitter.
Vivanco en el mismo mensaje, advirtió que ese hecho pone en duda que los procesos no sean motivados únicamente por “móviles políticos”.
“Bolivia: Las órdenes de captura contra Añez y sus ministros no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido el delito de ‘terrorismo’. Por ello, generan fundadas dudas de que se trata de un proceso basado en móviles políticos”, señaló el representante de HRW.
Recordó también que el 2020, el HRW se pronunció sobre las acusaciones contra Evo Morales y advirtió que las mismas también carecían de fundamento para sustentar una acusación por terrorismo, por lo que se pidió en esa oportunidad, que se retiren los cargos.
“Las órdenes de captura contra Añez y sus ministros invocan, al igual que la de Evo Morales en 2020, la ambigua figura de “terrorismo” que se presta a arbitrariedades. En 2020 pedimos que se retiraran los cargos contra Morales por ese mismo motivo” (sic), señaló.
Finalmente, Vivanco indicó que cualquier delito grave, incluyendo la conspiración para cometer un golpe de Estado, exige una investigación seria e independiente que respete el debido proceso y lleve a los responsables a la justicia.
La noche del domingo, la jueza Regina Santa Cruz, dictó detención preventiva para la expresidente Jeanine Añez y sus exministros, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, acusados por los presuntos delitos de terrorismo, conspiración y sedición del caso del supuesto “golpe de Estado” de 2019.
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