El bloqueo es terrorismo

Por: Ascanio J. Nava Rodriguez

El terrorismo, en términos jurídicos contemporáneos, no se define únicamente por la existencia de violencia física, sino por la utilización sistemática del miedo, la coacción y la alteración grave del orden constitucional o social para imponer objetivos políticos, ideológicos o corporativos. Desde la doctrina penal moderna y los estándares internacionales de derechos humanos, el elemento central del terrorismo es la instrumentalización del terror colectivo contra la población civil, las instituciones públicas o los servicios esenciales del Estado.

En el marco boliviano, la Constitución Política del Estado de Bolivia reconoce simultáneamente:

• el derecho a la protesta y a la participación política;
• la libertad de reunión y manifestación;

pero también la obligación estatal de garantizar seguridad pública, libre tránsito, continuidad de servicios básicos, salud, abastecimiento y paz social.

Por tanto, ningún derecho fundamental posee carácter absoluto. El ejercicio de derechos políticos pierde legitimidad constitucional cuando deriva en:

• violencia organizada;
• privación sistemática de derechos de terceros;
• destrucción de infraestructura;
• intimidación colectiva;
• paralización coercitiva de ciudades o regiones;
• o utilización de explosivos.

Desde el derecho penal comparado, el bloqueo persistente y violento puede evolucionar desde una simple protesta hacia una conducta de naturaleza criminal agravada cuando concurren ciertos elementos:

1. intención de coaccionar al Estado;
2. afectación masiva a la población civil;
3. empleo de violencia organizada;
4. interrupción prolongada de servicios esenciales;
5. uso de armas, explosivos o dinamita;
6. generación deliberada de miedo social.

En ese contexto, la utilización de dinamita en marchas o bloqueos constituye un punto de ruptura jurídica particularmente grave. La dinamita no es un instrumento simbólico inocuo; es un explosivo de alto poder destructivo cuya sola detonación:

• genera terror colectivo;
• pone en riesgo la vida e integridad física;
• afecta bienes públicos y privados;
• y crea condiciones objetivas de intimidación masiva.

Bajo estándares internacionales de seguridad democrática, el uso de explosivos en movilizaciones puede ser tipificado como:

• terrorismo;
• actos terroristas;
• intimidación pública agravada;
• empleo ilícito de explosivos;
• o amenaza contra la seguridad común.

Diversos sistemas jurídicos comparados endurecen severamente estas conductas:

• En España, el Código Penal sanciona actos dirigidos a alterar gravemente la paz pública mediante violencia o intimidación organizada.

• En Chile, la legislación antiterrorista en Bolivia contempla actos destinados a infundir temor en la población.

• En Perú, el terrorismo comprende acciones violentas destinadas a obligar a autoridades o alterar el orden constitucional.

• En Colombia, el uso de explosivos y actos que paralicen servicios públicos esenciales poseen agravantes especiales.

• En Estados Unidos, el uso de explosivos con fines de intimidación política activa competencias federales antiterroristas.

Desde la perspectiva de d derechos humanos, la protesta social está protegida mientras conserve proporcionalidad, razonabilidad y respeto a terceros. La Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sostenido que:

• el derecho a la protesta no ampara violencia letal;
• no protege el uso de explosivos;
• no legitima secuestro territorial;

• ni la privación indefinida de derechos fundamentales de la población.

El bloqueo persistente y violento puede afectar d derechos humanos de terceros:

• derecho a la salud;
• alimentación;
• trabajo;
• educación;
• libre tránsito;
• acceso a medicamentos;
• servicios de emergencia;
• e incluso derecho a la vida.

Bajo esa lógica, una futura legislación antibloqueo podría estructurarse sobre cinco ejes doctrinales:

1. Diferenciación entre protesta legítima y coerción criminal

La ley debe proteger la protesta pacífica, pero criminalizar:

• bloqueos indefinidos;
• cercos territoriales;
• violencia organizada;
• amenazas colectivas;
• destrucción de infraestructura;
• y empleo de explosivos.

2. Protección de servicios esenciales

Declarar agravante máxima la interrupción de:

• hospitales;
• carreteras troncales;
• aeropuertos;
• abastecimiento;
• energía;
• agua;
• combustibles;
• y cadenas sanitarias.

3. Criminalización autónoma del uso de dinamita

Tipificar específicamente: “Uso, portación, detonación o exhibición intimidatoria de explosivos en marchas, protestas o concentraciones públicas”.

Con agravantes cuando:

• existan menores presentes;
• se afecten centros urbanos;
• exista reincidencia;
• o daño colectivo.

4. Incorporación de la figura de terrorismo coercitivo interno

Podría desarrollarse una categoría penal vinculada a: “acciones organizadas destinadas a paralizar el funcionamiento económico, institucional o territorial del Estado mediante intimidación colectiva, violencia, o empleo de explosivos“.

5. Régimen punitivo escalonado

Por ejemplo:

• bloqueo simple;
• bloqueo agravado;
• bloqueo violento;
• terrorismo coercitivo;
• terrorismo con explosivos.

Con inhabilitación política, responsabilidad civil y reparación económica.

No obstante, jurídicamente existe un límite fundamental: una ley antibloqueo no puede convertirse en mecanismo de supresión de la protesta democrática legítima. Si el tipo penal es excesivamente amplio o ambiguo, podría entrar en conflicto con:

• principios de proporcionalidad;
• legalidad penal estricta;
• libertad de expresión;
• derechos políticos;

• y estándares interamericanos de derechos humanos. Por ello, la técnica legislativa debe definir con precisión:

• qué constituye violencia;
• qué constituye intimidación colectiva;
• qué duración transforma un bloqueo en ilícito agravado;
• qué se entiende por servicios esenciales;
• y cuándo existe finalidad coercitiva o terrorista.

A solidez constitucional de una ley de esta naturaleza dependerá de que sancione conductas violentas concretas y no simplemente disidencia política.