Ficha informativa
El Gobierno de Bolivia ordena a YPFB dejar la comercialización de combustibles para enfocarse en la exploración y explotación de hidrocarburos, en respuesta a una crisis energética. Esta medida se establece mediante el Decreto Supremo 5697.
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Contexto:
Desde el año 2024, el aprovisionamiento de combustibles líquidos en Bolivia ha sido inestable, provocando filas kilométricas en surtidores. Durante la administración del expresidente Luis Arce (2020-2025), se atribuyó esta crisis al estancamiento en la aprobación de créditos externos y a la escasez de divisas extranjeras en 2023. Desde noviembre de 2025, bajo el presidente Rodrigo Paz, el suministro ha oscilado debido a bloqueos de carreteras y largas filas en agosto de 2026.
El ministro Mauricio Zamora enfatizó que la comercialización representa un ‘cáncer’ que debe ser extirpado para lograr un buen funcionamiento del sector energético. La comisión interventora priorizará tareas en áreas como comercialización, logística y trazabilidad de combustibles, con facultades para recomendar auditorías técnicas y asesoría especializada.
Por qué importa:
La decisión del Gobierno busca mejorar la seguridad energética nacional y regularizar el abastecimiento de combustibles. La intervención estatal podría afectar a los trabajadores involucrados en la comercialización y generar cambios significativos en la estructura operativa de YPFB.
Datos clave:
- Decreto Supremo 5697
- 180 días calendario como periodo inicial de intervención
- 90 días adicionales posibles mediante resolución ministerial
- 60% de gasolina importada
- 95% de diésel importado
- 90 millones de dólares en egreso semanal por importaciones
Gobierno ordena a YPFB dejar comercialización de combustibles
Con el objetivo de revertir la profunda crisis que atraviesa el sector energético del país, el Gobierno determinó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) deje de participar en el negocio de la comercialización. En cambio, se concentrará de manera exclusiva en la exploración y explotación de hidrocarburos. Esta información fue proporcionada por el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora.
La medida se enmarca en la promulgación del Decreto Supremo 5697, que establece la intervención estatal extraordinaria, transparente y temporal de la empresa estatal petrolera. Zamora explicó que “esto es parte de un plan que tenemos para que YPFB haga lo que tiene que hacer: dedicarse a la exploración y explotación de hidrocarburos y que salga de la comercialización, porque ahí está el problema”.
Esta decisión se tomó tras identificar graves deficiencias en la cadena logística de importación y distribución, las cuales amenazan directamente el interés público y la seguridad energética nacional. Para ilustrar la magnitud del problema, el ministro catalogó al sector de la comercialización como un obstáculo crítico dentro de la estructura corporativa: “Hay un cáncer que hay que extirpar y ese cáncer se llama comercialización. ¿Los bolivianos qué queremos? Que ese cáncer salga para que haya un buen funcionamiento, lo cual va a ser parte de una regularización del abastecimiento de los combustibles”, subrayó, según un boletín de prensa del Gobierno.
Plazos y composición del equipo interventor
En cuanto a los plazos legales establecidos en la normativa, la intervención a la estatal petrolera se ejecutará durante un periodo inicial de 180 días calendario. Este lapso podrá ampliarse por una sola vez hasta 90 días adicionales mediante una resolución ministerial expresa si persisten las causas que motivaron la medida. Alternativamente, podrá finalizar de manera anticipada si se logran solucionar las condiciones críticas que la originaron.
Respecto a la composición del equipo interventor, el artículo 5 del Decreto Supremo 5697 estipula que la comisión estará conformada por los titulares de los ministerios de Economía y Finanzas Públicas, Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Hidrocarburos y Energías. Asimismo, se determinó la participación activa del viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, dependencia adscrita al Ministerio de la Presidencia.
Atribuciones del equipo interventor
Entre sus principales atribuciones, el decreto señala que la comisión priorizará sus tareas en las áreas de:
- Comercialización
- Logística
- Trazabilidad de combustibles
Para ello, tendrá la facultad de recomendar auditorías técnicas a toda la cadena logística de importación y distribución de carburantes. Esto tiene como finalidad específica identificar redes de contrabando, desvío y acopio ilegal, además de individualizar las responsabilidades del personal involucrado en irregularidades. La comisión también estará facultada para recomendar la incorporación de profesionales especializados, consultores y peritos técnicos.
Impacto en el suministro nacional
Además, podrá sugerir apoyo a diversas entidades de control o fiscalización del Estado, con el propósito fundamental de asesorar los procesos de auditoría y el posterior rediseño operativo de los procesos comerciales. Esta reestructuración estatal se da en un escenario complejo donde, desde el año 2024, el aprovisionamiento de combustibles líquidos en el territorio nacional se tornó sumamente inestable.
Esta situación derivó en postales repetidas de filas kilométricas que paralizan vehículos durante horas o días enteros en los surtidores del país. Actualmente, Bolivia se ve en la obligación de importar el 60% de la gasolina y el 95% del diésel que consume internamente, lo que demanda un egreso semanal aproximado de noventa millones de dólares.
Causas detrás de la crisis energética
Durante la administración del expresidente Luis Arce (2020-2025), el Ejecutivo achacó esta crisis estructural al estancamiento en la aprobación de créditos externos en el entonces Órgano Legislativo y a la aguda escasez de divisas extranjeras detonada en 2023. Ya bajo el mandato del presidente Rodrigo Paz, iniciado en noviembre de 2025, el suministro nacional de carburantes ha continuado oscilando entre los severos parates provocados por bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio de 2026 y la reaparición reciente de largas filas en las estaciones de servicio durante el mes de agosto de 2026.
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