AJAM intensifica fiscalización contra la minería ilegal

Acciones de la AJAM contra la minería ilegal

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) intensificó sus acciones de fiscalización, control y sanción en diversas regiones de Bolivia con el propósito de combatir la minería ilegal y regularizar las actividades no autorizadas. A través de intervenciones de campo y verificaciones técnico-administrativas, la entidad busca frenar el avance de esta actividad ilícita, proteger el patrimonio natural e instar al cumplimiento de la normativa legal vigente.

Intervenciones y sanciones

En conferencia ante los medios de comunicación, el director nacional de la AJAM, José Jaime Sanabria, informó que se han emitido resoluciones de suspensión, formulado denuncias penales y activado querellas judiciales para sancionar los delitos identificados. Durante la presentación del balance sobre las inspecciones en las cuencas de Hampaturi, Irpavi y Orkojahuira, en el departamento de La Paz, las autoridades constataron la presencia de operaciones no autorizadas superpuestas sobre derechos mineros preconstituidos.

En la cuenca de Orkojahuira se identificaron concretamente entre tres y cuatro operaciones ilícitas, lo que derivó en la emisión de resoluciones de suspensión y la presentación formal de denuncias ante el Ministerio Público, según un boletín de prensa.

Evolución del delito

En este escenario, el director nacional alertó sobre la evolución organizativa de este delito al señalar: “La minería ilegal ya no se hace con pala, picota o con una chúa; hoy en día la minería ilegal cuenta con un soporte técnico, financiero y humano”. Frente a ello, Sanabria explicó que resulta indispensable diferenciar el derecho minero de la actividad minera propiamente dicha, aclarando que “una cosa es el derecho minero que lo otorga la autoridad minera, en este caso la AJAM, y otra cosa es la actividad minera”.

Licencias ambientales necesarias

Bajo esa misma línea doctrinal y jurídica, Sanabria precisó que la titularidad de un derecho minero no faculta de manera automática al operador a realizar trabajos de explotación. Se exige como requisito imprescindible la obtención de la correspondiente licencia ambiental. Este instrumento legal regula las condiciones técnicas de operación y exige el cumplimiento estricto de medidas de prevención, mitigación y remediación ambiental cuya fiscalización corresponde a las autoridades ambientales competentes.

Operativos en Milluni y Salar de Uyuni

Esta figura cobró especial relevancia durante la inspección realizada en Milluni, donde la AJAM evidenció derechos mineros preconstituidos pero también detectó a un operador ejecutando labores mediante un contrato de riesgo compartido firmado con el titular. Al respecto, la entidad aclaró que este tipo de acuerdos contractuales requiere obligatoriamente la autorización previa del Estado a través de la autoridad minera; al carecer de dicha aprobación legal, la AJAM determinó que el convenio carece de toda vigencia y validez para ser reconocido como una actividad minera legal.

La cobertura del plan de fiscalización también se desplegó en el sur del país, donde la Dirección Departamental de la AJAM Potosí intervino en los alrededores del Salar de Uyuni. En dicha zona se identificaron tres operaciones de minería ilegal orientadas a la extracción de ulexita dentro del área de protección de la Reserva Fiscal. Tras la correspondiente inspección técnica y administrativa, se notificó a los responsables y se dispuso el cese de operaciones mediante resoluciones de suspensión.

Denuncias en Senda Verde

En relación con las denuncias registradas en el sector de Senda Verde, Sanabria especificó que existe un derecho minero preconstituido colindante al área intervenida. Debido a esto, la fiscalización está orientada a verificar si la operación cuenta con la licencia ambiental correspondiente y si cumple las medidas de prevención y mitigación. En caso de que se demuestren infracciones ambientales que deriven en la revocatoria de la licencia por parte de la entidad competente, dicha autoridad ambiental podrá solicitar formalmente a la AJAM la aplicación de las acciones que correspondan sobre el derecho minero.

Aprehensiones por explotación ilegal

Por otra parte, uno de los operativos más impactantes se ejecutó en el municipio de Sorata. La intervención institucional concluyó con la aprehensión de 11 ciudadanos de nacionalidad china y siete bolivianos implicados en trabajos ilegales. Ante estos hechos, la AJAM presentó una denuncia penal y se constituyó como parte querellante dentro del proceso judicial.

Apelaciones ante el Tribunal Departamental

A pesar de que la autoridad jurisdiccional a cargo del caso determinó conceder medidas sustitutivas a la detención preventiva de los imputados, tanto la AJAM como el Ministerio Público apelaron conjuntamente esta decisión ante el Tribunal Departamental de Justicia para buscar la privación de libertad de los procesados.

Diagnóstico geográfico sobre minería ilegal

Finalmente, José Jaime Sanabria presentó un diagnóstico geográfico sobre los focos más relevantes del delito en Bolivia. Señaló municipios como Sorata, Pelechuco, Curva, Mapiri, los Yungas y La Asunta en La Paz; San Simón en Beni; Cocapata en Cochabamba; así como Tupiza y Sud Lípez en Potosí. “Hay áreas donde se hace con mayor intensidad minería ilegal; sin embargo, en general esta actividad existe en todo el país”, aseveró Sanabria. Reafirmó así el compromiso institucional para continuar coordinando acciones interinstitucionales que frenen esta explotación no autorizada.

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