Ficha informativa
Un grupo de excooperativistas mineros entregó denuncias sobre corrupción en la Empresa Minera Huanuni a la diputada Raquel Ponce en Oruro el 9 de julio de 2026. La diputada se comprometió a investigar los actos irregulares.
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Contexto:
En 2003, se firmó un contrato de arrendamiento para la concesión minera a favor de cuatro cooperativas por un lapso de 20 años. En 2006, el gobierno nacionalizó las operaciones mineras y promulgó el Decreto Supremo 28901, finalizando contratos con cooperativas y absorbiendo a trabajadores mineros.
Los excooperativistas llegaron gritando consignas contra la corrupción. Boris Mollinedo expresó apoyo a la diputada Ponce, quien se mostró comprometida con fiscalizar la empresa minera. La diputada mencionó irregularidades relacionadas con personas que perciben renta de invalidez sin tener discapacidad.
Por qué importa:
Los excooperativistas reclaman la apropiación indebida de bienes y más de 1.500 mineros quedaron sin empleo. La diputada Ponce enfrenta amenazas y presiones para detener la investigación sobre corrupción en la EMH.
Datos clave:
- Fecha: 9 de julio de 2026
- Hora: 11:00 horas
- Año del contrato de arrendamiento: 2003
- Año de nacionalización: 2006
- Número del Decreto Supremo: 28901
- Fecha del Decreto Supremo: 31 de octubre de 2006
- Número de mineros sin trabajo: más de 1.500
Excooperativistas mineros presentan denuncias en Oruro
Un grupo de excooperativistas mineros de Huanuni se presentó este jueves 9 de julio en la Brigada Parlamentaria de Oruro. Durante esta visita, entregaron documentación sobre presuntos actos irregulares vinculados al sindicato y a la Empresa Minera Huanuni (EMH). La diputada Raquel Ponce, quien ha iniciado investigaciones sobre la estatal minera, recibió a los manifestantes cerca de las 11:00 horas.
Manifestaciones y reclamos
Los excooperativistas llegaron gritando consignas como “abajo la corrupción en Huanuni” y “basta de corrupción”. Aunque inicialmente se generó temor en la Brigada Parlamentaria, fueron atendidos tras comunicar sus intenciones.
Declaraciones de los excooperativistas
Boris Mollinedo, representante de los excooperativistas, expresó: “Compañeros, otro voto de aplauso para la diputada valiente que está dando cara ante actos de corrupción en la Empresa Minera Huanuni. […] estamos viniendo a acoplarnos, a ser parte de usted para llegar a Huanuni con (la denuncia de) esos actos de corrupción”.

Compromiso de la diputada Ponce
La diputada Ponce también se pronunció, afirmando: “Estoy gratamente sorprendida de verlos, tengo que reconocer que me han asustado al principio, pero estoy comprometida con ustedes […] nuestra prioridad es fiscalizar la Empresa Minera de Huanuni y devolverles a ustedes la dignidad laboral que por constitución les corresponde”.
Historia del sector minero en Huanuni
En 2003, se firmó un contrato de arrendamiento para la concesión minera a favor de cuatro cooperativas en Huanuni por un lapso de 20 años. Sin embargo, en 2006, el gobierno de Evo Morales nacionalizó las operaciones mineras y promulgó el Decreto Supremo 28901 del 31 de octubre. Este decreto tomó posesión del cerro Posokoni y asumió las operaciones de todas las concesiones a través de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). Finalizó cualquier contrato con las cooperativas y debió absorber a los trabajadores mineros. A pesar de esto, más de 1.500 mineros quedaron sin sus fuentes laborales y reclaman la apropiación indebida de bienes pertenecientes a las cooperativas.

Desafíos para la diputada Ponce
La diputada Ponce también comentó en una entrevista: “Nosotros recibimos llamadas, mensajes a través de mi personal de que no continuemos con la investigación por nuestro bien. […] Sé que hay mucho, tengo otra documentación también que nos han proporcionado, son innumerables denuncias, son innumerables actos de corrupción”.
Determinación frente a amenazas
Ponce añadió que ha recibido insultos y amenazas, pero se mostró decidida a continuar con la investigación: “Este tema de las comisiones ha sido el punto del ovillo que no les ha gustado”. Además, mencionó irregularidades relacionadas con personas que perciben renta de invalidez sin tener discapacidad. La diputada concluyó que tiene información sobre reuniones en la Caja Nacional de Salud relacionadas con problemas internos surgidos por esta investigación.
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