Ficha informativa
La Cumbre de Minería 2026, realizada el 29 de julio en La Paz, abordó la falta de seguridad jurídica y el impacto del ‘jukeo’ en Bolivia. La FEPO alertó sobre la parálisis de inversiones y presentó una propuesta de ley para combatir economías ilícitas.
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Contexto:
Jill Peñafiel, presidenta de la FEPO, alertó sobre el avasallamiento que afecta a empresas mineras. Jaime Cuellar, asesor jurídico de la FEPO, enfatizó que la tragedia en Huanuni refleja una captura criminal de territorios estratégicos. Comunidades indígenas denunciaron la devastación ambiental por minería ilegal.
La cumbre busca redactar un nuevo Código Minero y se aguarda una ley corta que socializa el Ministerio de Economía. Organizaciones cooperativistas piden diferenciar entre minería informal y delictiva para garantizar áreas seguras para pequeños productores.
Por qué importa:
La falta de seguridad jurídica ha llevado a la parálisis de inversiones en el sector minero. Las comunidades locales sufren contaminación y riesgos para la salud debido al extractivismo ilegal. La Gobernación de Oruro evalúa declarar el cerro Posokoni como zona restringida.
Datos clave:
- Fecha: 29 de julio de 2026
- Lugar: La Paz, Bolivia
- Fallecidos: 2 militares y 2 trabajadores mineros
- Fecha del suceso: 26 de julio de 2026
Cumbre de minería 2026: Un llamado a la acción
La Cumbre Minera 2026 destacó la alarmante falta de seguridad jurídica, los avasallamientos y la violencia generada por el “juqueo” (robo de mineral). Este evento, orientado a redactar un nuevo Código Minero, reunió a importantes actores del sector minero, quienes expresaron su preocupación por la situación actual.
Propuestas y preocupaciones de la FEPO
Durante la cumbre, la Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO) advirtió sobre la parálisis de inversiones en el sector. Jill Peñafiel, presidente de la FEPO, enfatizó que “hay empresas afectadas que están cerrando por el avasallamiento. Necesitamos seguridad jurídica para que vuelva la inversión”. Además, se espera una ley corta proveniente de la cumbre y una Ley de Inversiones que socializa el Ministerio de Economía, cito el portal ANA.
Hechos trágicos en Huanuni
La urgencia del debate se reafirmó tras los trágicos eventos ocurridos el 26 de julio en el cerro Posokoni (Huanuni), donde perdieron la vida dos militares y un trabajador minero. Mientras el Ministerio de Defensa atribuyó los fallecimientos a un deslizamiento de terreno, familiares y la FEPO denunciaron una emboscada planificada por bandas de “jucus”.
Impacto ambiental y social
El problema de la minería ilegal en Bolivia no solo afecta al sector empresarial; sus repercusiones alcanzan a diversas comunidades. Representantes indígenas y rurales denunciaron que el extractivismo ilegal devasta el medio ambiente. La contaminación con mercurio pone en riesgo la producción agrícola y la salud de las familias locales.
Diferenciación entre minería informal y delictiva
El sector cooperativista también se hizo presente. Organizaciones como Fecoman, Ferreco y Fencomin pidieron diferenciar entre la minería informal y la delictiva. Exigen que el nuevo marco legal garantice áreas de trabajo seguras sin estigmatizar a los pequeños productores.
Propuestas para combatir el jukeo
Ante este panorama crítico, la FEPO propone que su proyecto de ley fortalezca la persecución penal del “juqueo” y sus delitos conexos. Por su parte, la Gobernación de Oruro evalúa declarar el cerro Posokoni como zona restringida para frenar las pérdidas millonarias y proteger vidas humanas.
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