Ficha informativa
Evo Morales no asistirá al juicio por trata agravada de personas programado para el 11 de mayo en Tarija. Su defensa cuestiona la legalidad del proceso, mientras la Fiscalía presenta pruebas contundentes en su contra.
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Contexto:
Evo Morales ha estado bajo custodia permanente en el Trópico de Cochabamba desde hace más de un año y medio. Denunció ser víctima de una ‘brutal persecución judicial’ y argumentó que las acusaciones son parte de una campaña de lawfare. Su abogado, Nelson Cox, calificó el caso como ‘una acusación forzada’. El exprocurador Wilfredo Chávez argumentó que el juicio es ‘ilegal’ por violar el principio de prohibición de doble enjuiciamiento.
La justicia ha ordenado medidas preventivas como arraigo y congelamiento de cuentas bancarias para asegurar su sometimiento al proceso judicial. El gobierno defiende estas medidas como necesarias ante el riesgo de fuga, mientras la defensa las cuestiona. La Fiscalía notificó a Morales mediante edictos debido a la imposibilidad de ubicarlo personalmente.
Por qué importa:
Este caso marca un precedente histórico al ser la primera vez que un exmandatario boliviano enfrenta posibles condenas por delitos graves. La situación ha llevado al país a un punto crítico institucional y se mantiene un mandamiento vigente para su captura.
Datos clave:
- Fecha del juicio: 11 de mayo a las 08:20 horas
- Lugar: Tarija, Bolivia
- Edad de la menor involucrada: 15 años
- Años de presidencia de Evo Morales: 2006-2019
- Posible condena: hasta 20 años de prisión
- Número de viajes oficiales financiados: más de 60
- Número total de pruebas recolectadas: más de 170
- Número de pruebas acumuladas por la Fiscalía: más de 200
Defensa de Evo Morales se niega a asistir al juicio oral
Los abogados del expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), anunciaron que su defendido no se presentará a la audiencia de juicio oral convocada por un tribunal de justicia. Este juicio, relacionado con el caso de trata agravada de personas, está programado para el lunes 11 de mayo a las 08:20 horas en la ciudad de Tarija.
Cuestionamientos legales sobre el proceso
El abogado de Morales, Nelson Cox, cuestionó la legalidad del proceso y afirmó ante los medios locales que el caso se basa en “una acusación forzada” con fines mediáticos. Por su parte, el exprocurador del Estado y abogado de Morales, Wilfredo Chávez, calificó el juicio como “ilegal”, argumentando que la causa fue abierta por segunda vez “quebrantando el principio de prohibición de doble enjuiciamiento”.
Situación actual de Evo Morales
Evo Morales permanece desde hace más de un año y medio en su bastión sindical del Trópico de Cochabamba, bajo custodia permanente de sus seguidores para evitar su captura por esta denuncia. Tras conocer la citación mediante edictos, Morales denunció ser víctima de una “brutal persecución judicial” y aseguró que las acusaciones en su contra son parte de una campaña de lawfare (guerra jurídica).
Pruebas presentadas por la Fiscalía
La Fiscalía ha presentado pruebas materiales contundentes, que incluyen:
- Un certificado de nacimiento de 2016 donde Evo Morales figura como el padre de una niña nacida de una menor de 15 años.
- Registros que detallan más de 60 viajes oficiales financiados con fondos públicos para la adolescente durante su mandato.
Consecuencias legales del caso
Este caso marca un precedente histórico al ser la primera vez que un exmandatario boliviano enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión por delitos como trata agravada y estupro. Además, ha llevado al país a un punto crítico institucional, con un mandamiento vigente para capturarlo en su bastión del Chapare.
Alegaciones sobre la vinculación con una menor
El líder cocalero está acusado por presunta vinculación con una menor en 2016. Según la investigación, él y la adolescente tuvieron una hija inscripta en un registro civil en Yacuiba, ciudad fronteriza con Argentina. Esta partida forma parte de las más de 170 pruebas recolectadas en el pliego acusatorio.
Medidas preventivas ordenadas por la justicia
En cuanto a las medidas preventivas, la justicia ha ordenado:
- Arraigo.
- Congelamiento de cuentas bancarias.
Estas medidas buscan asegurar su sometimiento al proceso judicial, aunque la defensa las cuestiona y el Estado las defiende como necesarias ante el riesgo de fuga.
Punto de vista del gobierno sobre el proceso judicial
El gobierno sostiene que este proceso es un caso ordinario y rechaza cualquier intento de impunidad. Argumentan que las más de 200 pruebas acumuladas por la Fiscalía son contundentes y deben ser juzgadas sin privilegios políticos.
Notificación mediante edictos
Finalmente, ante el argumento defensivo sobre no haber recibido notificación personal, la Fiscalía procedió a notificar mediante edictos. Este recurso se utiliza cuando no se puede ubicar al acusado para garantizar que el proceso no se detenga por su ausencia física.
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