La fragilidad de las leyes en Bolivia

Por: Ronald Nostas Ardaya(*)

Bolivia tiene una relación paradójica con las normas jurídicas en Bolivia. Pocos países producen tantas reglas jurídicas como el nuestro, y pocos al mismo tiempo muestran semejantes dificultades para hacerlas cumplir de manera sostenida.

Y es que somos una sociedad profundamente legalista. Queremos refundar el país mediante decretos, transformar la economía mediante leyes y solucionar conflictos mediante resoluciones ministeriales. El resultado es una hipertrofia legislativa: miles de leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales, reglamentos, disposiciones administrativas, sentencias constitucionales, y un universo todavía más amplio de normas departamentales y municipales.

No existe política, calidad ni orden legislativo. Gran parte de la producción de la Asamblea se destina a asuntos absurdos como la transferencia de terrenos municipales o declaratorias de días festivos. Aunque el volumen producido es gigantesco, no se cuenta con un repositorio completo, actualizado y de acceso público que compile la totalidad del ordenamiento jurídico vigente. Sin embargo, el mayor problema es la fragilidad intrínseca del sistema. En Bolivia, incluso las disposiciones más importantes nacen bajo sospecha, sobreviven bajo presión y pueden desaparecer antes de implementarse.

En la memoria histórica reciente hay ejemplos paradigmáticos como el Decreto 21060, el Código del Sistema Penal, la Ley de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Decreto de Impuesto a los Ingresos, entre otros, que fueron derogados por movilizaciones de sectores sociales o cambios de gobierno.

La reciente experiencia gubernamental vuelve a demostrarlo. En apenas seis meses, el gobierno de Rodrigo Paz ha tenido que derogar el Decreto 5503, concebido la estrategia integral de estabilización económica y atracción de inversiones, y el 5547 que permitía la importación de soya en grano con arancel cero. Actualmente, presionado por los movimientos radicales, ha dispuesto la anulación de la Ley 1720 de Conversión de Pequeña a Mediana Propiedad.

El problema tiene varias causas. La primera es que Bolivia nunca logró consolidar plenamente un Estado con autoridad homogénea sobre todo el territorio y todos los sectores sociales, lo que genera que coexistan sistemas formales e informales de regulación, pactos corporativos y mecanismos paralelos de resolución de conflictos.

Otra raíz es la debilidad institucional en Bolivia. Nuestro país arrastra problemas estructurales en la justicia, los órganos de control y la administración pública. La politización judicial, la burocracia ineficiente y la ausencia de sanciones efectivas generan una percepción extendida de impunidad.

Subsiste además un problema político más complejo: en Bolivia las leyes no sobreviven únicamente por su fuerza jurídica. Necesitan legitimidad social y, muchas veces, aceptación de los poderes fácticos. Una norma puede ser perfectamente constitucional y técnicamente correcta, pero si enfrenta el rechazo de actores con capacidad de movilización, su aplicación se vuelve extremadamente difícil.

Finalmente, hay un problema de calidad técnica y de proceso. Muchas normas bolivianas nacen sin estudios de impacto regulatorio, sin consultas técnicas serias, sin mecanismos de evaluación. Se legisla a la carrera, bajo presión política o mediática. El resultado son normas que se contradicen, que generan vacíos o que son inaplicables desde el inicio por carecer de reglamentación, financiamiento o capacidad institucional para ejecutarlas.

La fragilidad normativa alimenta la percepción de que las reglas del juego son provisionales, negociables y reversibles. Eso promueve comportamientos cortoplacistas en todos los actores. Si las normas pueden cambiar según intereses o presiones, se erosiona la seguridad jurídica, se reduce la confianza en el sistema institucional, caen los flujos de inversión, el Estado pierde capacidad de planificación y gestión, se diluye la previsibilidad económica, y la ley pierde su principio ordenador de la convivencia.

Es cada vez más evidente que la construcción de nuevas leyes en Bolivia se ha convertido en algo mucho más complejo que un simple trámite parlamentario. En un escenario de fragmentación política y ausencia de mayorías sólidas, la disputa normativa empieza a transformarse en el principal campo de confrontación ideológica del país.

El problema no se resolverá produciendo más leyes. Las normas deben surgir de consensos, deliberación técnica y viabilidad práctica. Es imprescindible simplificar el sistema normativo, ordenar la producción legislativa y fortalecer la independencia de las instituciones.

Sobre todo, la solución pasa por dejar de entender la ley como un instrumento político circunstancial y empezar a construirla como un verdadero acuerdo nacional. Ningún país puede aspirar a estabilidad, crecimiento o institucionalidad duradera cuando sus normas nacen débiles, sobreviven condicionadas y mueren por la presión de intereses sectoriales.

(*) Industrial y ex Presidente de la Confederación
de Empresarios Privados de Bolivia