Expertos y Defensoría piden reformas para una minería responsable en Bolivia

Debate sobre minería responsable en Bolivia

Especialistas e investigadores debatieron sobre los desafíos de la minería en Bolivia, abordando su impacto ambiental, los derechos humanos, la estabilidad económica, el marco legal y las propuestas para un nuevo modelo minero. Este diálogo tuvo lugar durante el Conversatorio en Democracia: “¿Es posible una minería responsable en Bolivia? Retos para un desarrollo sostenible”.

Intervenciones del Defensor del Pueblo y expertos

Durante su participación, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, recordó que desde 2012 la institución defensorial realiza seguimiento a la problemática mediante informes defensoriales y acciones judiciales. Recientemente, advirtió sobre la presencia de empresas mineras dentro del Parque Nacional Madidi y denunció la vulneración de la consulta previa a los pueblos indígenas. Además, mencionó el trabajo infantil y adolescente en centros mineros de Potosí.

Por su parte, Christine Rohrs, representante de la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Bolivia, destacó el análisis del tema por el nivel de ingresos y los impactos al medioambiente derivados de la contaminación por mercurio. Asimismo, resaltó la participación de los panelistas: Héctor Córdova, Claudia Flores y Alfredo Zaconeta.

Propuestas para un nuevo modelo minero

El analista Héctor Córdova afirmó que Bolivia pierde cada año 7.000 millones de dólares por la exportación de concentrados. También abordó la situación de COMIBOL, las empresas privadas y las cooperativas en la actividad minera. Ante este panorama, planteó seis reformas y seis cambios normativos prioritarios para ordenar el sector minero.

Afectaciones socioambientales y derechos humanos

La especialista Claudia Flores expuso las afectaciones socioambientales y vulneraciones de derechos humanos de grupos vulnerables debido a la contaminación con mercurio, cianuro y metales pesados en áreas protegidas y territorios indígenas. Igualmente, planteó acciones prioritarias del Estado, la Asamblea Legislativa y los actores del sector, en el marco del informe remitido al Gobierno.

Lineamientos para una política pública minera responsable

Finalmente, el investigador Alfredo Zaconeta presentó 15 lineamientos para una política pública minera responsable en Bolivia. Entre ellas destacan:

• El cumplimiento del Convenio de Minamata.
• La modificación de la Ley 535.
• La consulta previa y vinculante.
• El ordenamiento territorial.
• La erradicación del trabajo infantil.
• La conformación de una fuerza de tarea conjunta.
• Una reforma tributaria para el sector.
• La participación complementaria de diferentes sectores en la construcción de una nueva ley.

Citas relevantes sobre derechos humanos y minería

Zaconeta afirmó: “Lo que ocurre en torno a la minería ilegal y a la débil fiscalización estatal no son hechos aislados; son un patrón sistemático de afectación a los derechos humanos, a los derechos de la Madre Tierra y a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originario campesino y pueblos afro bolivianos”. Además, enfatizó: “Tiene que haber el derecho al veto de las comunidades; a las cooperativas hay que acomodarlas en su lugar; regalías uniformes, mismos impuestos; cero subvenciones y las ventas deben bancarizarse en Bolivia. La minería es un sector grande en volumen, pequeño en retorno; hay que trabajar sobre la equidad fiscal, la formalización de las comunidades; las utilidades deben quedarse en el país”.

Zaconeta también puntualizó: “Se debe garantizar la consulta previa libre e informada, en el marco del acuerdo de Escazú; proteger grupos vulnerables para erradicar el trabajo infantil en minas; proteger a mujeres de la violencia y precariedad; atender intoxicaciones por mercurio en naciones y pueblos indígenas; apoyar municipios agroecológicos y fortalecer la fiscalización para aplicar sanciones efectivas”. Finalmente, destacó: “Se está discutiendo una ley minera en la actualidad pero solamente con los actores mineros cuando la visión debería ser incluir a la sociedad civil, la cooperación extranjera, la academia, los centros de estudio e incluso los afectados por la actividad minera.

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