Ficha informativa
Bolivia inició el 29 de octubre de 2026 una consulta nacional en Sucre para reformar la Ley N.º 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, vigente desde 2012. La iniciativa busca mejorar la protección y el acceso a la justicia.
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Contexto:
La Ley N.º 243 fue la primera norma específica contra el acoso político en América Latina, impulsada tras el asesinato de Juana Quispe. La consulta se inició con un encuentro departamental y se extenderá hasta el 20 de noviembre. Se busca recoger propuestas de mujeres autoridades y organizaciones sociales.
El comité técnico que impulsa la reforma incluye al Tribunal Supremo Electoral, Defensoría del Pueblo, Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y Derechos Humanos, SEPMUD y organizaciones de mujeres. Se prevén reuniones con representantes del Órgano Judicial y la Policía Boliviana.
Por qué importa:
La reforma podría mejorar los mecanismos de protección y acceso a la justicia para las mujeres, además de abordar nuevas formas de agresión en redes sociales. La falta de sentencias y las renuncias indican un contexto crítico para las mujeres en política.
Datos clave:
- Fecha de inicio: 29 de octubre de 2026
- Ley N.º: 243
- Fecha de promulgación: 28 de mayo de 2012
- Denuncias registradas (2012-2025): 928
- Sentencias emitidas: 8 (menos del 1 %)
- Denuncias formales (mayo-septiembre 2026): 12
- Renuncias de mujeres en cargos públicos (mayo-septiembre 2026): 39
Bolivia inicia consulta para reformar Ley N.º 243
Bolivia inició este jueves en Sucre una consulta nacional para reformar la Ley N.º 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, vigente desde 2012. Esta iniciativa busca fortalecer los mecanismos de protección, mejorar el acceso a la justicia y abordar nuevas formas de agresión en redes sociales.
Detalles del proceso de consulta
El proceso comenzó con el Primer Encuentro Departamental de Socialización de la Propuesta de Reforma y se extenderá a los nueve departamentos hasta el 20 de noviembre. En este contexto, mujeres autoridades, organizaciones sociales e instituciones podrán aportar experiencias y propuestas para actualizar la normativa.
Comité técnico impulsor
La iniciativa es impulsada por un comité técnico integrado por:
- Tribunal Supremo Electoral (TSE)
- Defensoría del Pueblo
- Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y Derechos Humanos
- Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización (SEPMUD)
- Organizaciones de mujeres
- Entidades nacionales e internacionales
La articulación comenzó en febrero, a convocatoria de la diputada Daniela Cabrera. Promulgada el 28 de mayo de 2012, la Ley 243 fue la primera norma específica de su tipo en América Latina. Su aprobación respondió a las demandas de mujeres autoridades y organizaciones sociales, que cobraron mayor fuerza tras el asesinato de Juana Quispe, concejala de Ancoraimes.
Dificultades en la aplicación de la ley
Sin embargo, su aplicación enfrenta dificultades. Según el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, con datos de la Defensoría del Pueblo de 2025, de las 928 denuncias por acoso y violencia política registradas entre 2012 y 2025, solo ocho figuraban en la categoría de sentencia, menos del 1 %. Entre mayo y la primera semana de septiembre de 2026, el TSE registró 12 denuncias formales: seis en La Paz, tres en Santa Cruz y una en cada uno de los departamentos de Oruro, Potosí y Tarija. En el mismo periodo se reportaron 39 renuncias de mujeres que ejercían cargos públicos y municipales. Santa Cruz registró 11 y Tarija siete.
Tipos de agresiones reportadas
Las agresiones incluyen amenazas, hostigamiento, obstáculos para ejercer funciones y presiones para abandonar cargos. A estas prácticas se suman los ataques sexistas y las amenazas difundidas en plataformas digitales, cuya propagación representa un desafío adicional para la protección de las mujeres.

Reuniones programadas como parte del proceso
Como parte de la consulta, el 4 de noviembre se prevé una reunión en Sucre con representantes del Órgano Judicial, liderada por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y Derechos Humanos, para recoger propuestas sobre la aplicación de la ley y los mecanismos de atención, protección y sanción. También se coordina un encuentro con la Policía Boliviana.
Participación legislativa y social
En el ámbito legislativo, la Vicepresidencia de la Cámara de Diputados promoverá la participación de asambleístas nacionales. Por su parte, la Coordinadora de la Mujer prevé consultar a organizaciones de mujeres, agrupaciones mixtas y colectivos LGBTIQ+, además de asambleístas departamentales, concejalas y alcaldesas.

Próximos pasos en el proceso legislativo
Los aportes permitirán fortalecer la propuesta, cuya versión consolidada se espera para la cuarta semana de noviembre. Posteriormente, se definirá la ruta para su presentación y tratamiento ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
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