Ficha informativa
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) intensifica operativos de control contra la minería ilegal en Potosí, donde el 80% de la actividad minera es irregular. Se busca optimizar trámites y regularizar el sector.
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Contexto:
Óscar Santos, director de AJAM Potosí, mencionó en Radio Clásica que se realizan operativos continuos para fiscalizar la minería ilegal. La AJAM trabaja en agilizar Contratos Administrativos Mineros (CAM) y Licencias de Prospección y Exploración (LPE). Las zonas críticas identificadas incluyen La Paz, Potosí y Tupiza.
Santos aclaró que una LPE no otorga derecho legal a extracción o comercialización de minerales. La AJAM no administra el Cerro Rico de Potosí, cuyas decisiones corresponden a otra entidad competente. Las fiscalizaciones continuarán en provincias como Tinguipaya, Uyuni y Tupiza.
Por qué importa:
Las acciones de la AJAM han llevado a la suspensión de actividades no autorizadas, desalojo de personas y secuestro e inutilización de maquinaria pesada. La lucha contra la minería ilegal busca regularizar el sector para contribuir al desarrollo del país mediante tributación y regalías mineras.
Datos clave:
- 80% de la actividad minera en Potosí y Bolivia es ilegal.
- 90 efectivos policiales participaron en operativos.
AJAM intensifica operativos contra minería ilegal
El director departamental de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) Potosí, Óscar Santos, informó que la entidad intensificó los operativos de control y fiscalización contra la minería ilegal. Esta acción se realiza de manera continua e interactiva con el proceso de desburocratización de trámites administrativos. La declaración fue vertida durante una entrevista concedida a Radio Clásica de Potosí, donde Santos explicó las estrategias orientadas a ordenar el sector extractivo regional.
Estrategias para optimizar la gestión pública
En cuanto a la gestión pública, Santos detalló que la AJAM trabaja en la agilización de las solicitudes de Contratos Administrativos Mineros (CAM) y Licencias de Prospección y Exploración (LPE). El propósito central de esta medida es optimizar los tiempos de atención al usuario y brindar un flujo eficiente que facilite la regularización de las actividades en el marco normativo vigente.
Diagnóstico territorial sobre minería ilegal
Respecto al diagnóstico territorial, Santos reveló que la minería ilegal fue identificada con mayor incidencia en sectores de:
- La Paz
- Potosí
- Tupiza
En estas zonas se detectó la presencia de organizaciones estructuradas, comunidades, empresas y personas de nacionalidad extranjera que habrían ingresado a diversas áreas desde gestiones anteriores. Asimismo, remarcó que el 80% de la actividad minera en Potosí y Bolivia se efectúa de manera ilegal, constituyéndose en el desafío de mayor magnitud para las labores institucionales de fiscalización, según informó en el boletín de prensa.
Modalidades de operación de grupos irregulares
Al describir la modalidad con la que operan estos grupos irregulares, Santos aclaró que existen casos de empresas, cooperativas y personas extranjeras que cuentan con Licencias de Prospección y Exploración, pero que incurren en labores directas de explotación minera. Al respecto, enfatizó que una LPE no otorga bajo ninguna circunstancia el derecho legal de extracción o comercialización de minerales.
Inspecciones y resultados obtenidos
Para combatir estas irregularidades, la AJAM ejecuta inspecciones programadas tanto a partir de denuncias recibidas en sede administrativa como de oficio mediante patrullajes de rutina. A pesar de que la lucha contra la minería ilegal resulta compleja, las intervenciones han logrado:
- La suspensión de actividades no autorizadas
- El desalojo de personas
- El secuestro e inutilización de maquinaria pesada
Entre los operativos más relevantes, Santos citó el caso de la minera Alcira, donde la AJAM dio cumplimiento a un Amparo Administrativo Minero ingresando al área con un contingente de aproximadamente 90 efectivos policiales. En la zona se evidenció la extracción no autorizada de mineral, bocaminas abiertas y equipos en funcionamiento, por lo que las autoridades procedieron al cierre de las bocaminas e inutilizaron parte del equipamiento encontrado.
Cerro Rico y competencias administrativas
Por otra parte, al ser consultado sobre la situación del Cerro Rico de Potosí, Santos puntualizó que la AJAM no administra este yacimiento ni posee competencias para autorizar o normar trabajos operativos en las áreas mineras bajo la tutela de otra institución competente. En consecuencia, aclaró que las decisiones y disposiciones operativas en este emblemático cerro corresponden a la entidad encargada de su administración.
Compromiso continuo con la fiscalización
Finalmente, Santos ratificó que las tareas de fiscalización continuarán de forma ininterrumpida en diversas provincias del departamento de Potosí, incluyendo localidades como:
- Tinguipaya
- Uyuni
- Tupiza
La meta de la entidad es sostener la lucha contra la explotación ilegal e impulsar la regularización del sector. Esto asegura que la actividad minera formal contribuya de manera efectiva al desarrollo del país a través de la tributación y el pago de regalías mineras.
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