Ficha informativa
Bolivia enfrenta una crisis económica que requiere un pacto económico para redefinir las relaciones entre el Estado, empresas y ciudadanos. Este acuerdo busca establecer un marco de derechos y obligaciones que permita superar la desconfianza mutua y fomentar la prosperidad.
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Contexto:
La crisis económica en Bolivia se caracteriza por problemas fiscales, monetarios, energéticos y productivos. La incapacidad del Estado para implementar ajustes estructurales sin consenso social ni acuerdo político ha llevado a la necesidad de un nuevo pacto económico.
El pacto debe abordar temas como la propiedad privada, explotación de recursos naturales, inversión, trabajo, impuestos, comercio e informalidad. Se enfatiza la importancia de la responsabilidad fiscal del Estado, la responsabilidad productiva del empresariado y el cumplimiento de normas por parte de los ciudadanos.
Por qué importa:
Sin un pacto económico, Bolivia podría continuar en un ciclo de pobreza y subdesarrollo. La falta de un marco claro de derechos y obligaciones puede resultar en una economía incapaz de generar riqueza sostenible.
Datos clave:
- 200 años de subdesarrollo y atraso.
La crisis económica que atraviesa Bolivia ya no se soluciona con nuevas políticas públicas ni con medidas coyunturales. La explosiva combinación de problemas fiscales, monetarios, energéticos y productivos, sumada a la incapacidad del Estado para implementar medidas de ajuste estructural sin consenso social ni acuerdo político evidencian que Bolivia necesita construir un pacto económico que redefina las reglas, responsabilidades y límites que deben ordenar la relación entre el Estado, las empresas y los ciudadanos.
Nos referimos a un acuerdo básico sobre el marco de derechos, obligaciones, ordenamiento y expectativas, que organicen la relación entre el Estado, el sector productivo y la sociedad respecto de la propiedad privada, la explotación de recursos naturales, la inversión, el trabajo, los impuestos, el comercio, la informalidad, la redistribución de la riqueza, entre otros.
Un pacto nos permitiría superar la falsa disyuntiva entre Estado o mercado, implementar políticas públicas que trasciendan gobiernos y gestiones, y definir conjuntamente un modelo de desarrollo que busque el equilibrio entre un Estado que funcione, un mercado que pueda desarrollarse y una ciudadanía que asuma con claridad sus derechos y deberes.
El punto de partida debieran ser las obligaciones de cada actor de la economía. El rol del Estado será establecer reglas claras, garantizar seguridad jurídica, administrar los recursos públicos, regular cuando corresponda y prestar servicios de calidad. Al empresariado le corresponderá invertir, producir, generar empleo y contribuir al financiamiento del Estado. Por su parte, el ciudadano deberá ejercer su derecho a la libertad económica, aportar con impuestos, impulsar el ahorro, trabajar en actividades lícitas, cumplir las normas y vigilar la transparencia y eficiencia del gasto público.
El primer objetivo debiera ser superar la desconfianza mutua, lo que solo se logra con la reciprocidad en derechos y obligaciones, el equilibrio entre las demandas y el aporte de cada uno, y la legitimidad de las pretensiones, a partir del principio de que no hay contrato sostenible si solamente una parte cumple.
Un nuevo contrato económico también exige responsabilidad. Del Estado, responsabilidad fiscal. De las empresas, responsabilidad productiva, laboral, tributaria y ambiental. Y de la sociedad, comprensión de que los derechos y las demandas deben ser compatibles con las posibilidades reales de la economía. No habrá recuperación sostenible si cada sector pretende trasladar sus costos al resto de la sociedad.
Adicionalmente, hace falta reconocer que Bolivia no puede resolver indefinidamente sus desequilibrios distribuyendo una riqueza que no está generando. Una sociedad puede tener derechos y expectativas económicas, pero si no tiene una economía capaz de producir los recursos para sostenerlos, esas pretensiones serán solo declarativas.
Los derechos económicos precisan de una base productiva. No hay empleo sin empresas que contraten; no hay salarios suficientes sin productividad; no hay impuestos sin actividad económica; no hay gasto público sostenible sin ingresos; no hay inversión sin ahorro o financiamiento; no hay exportaciones sin producción competitiva; y no hay derechos sociales sin una economía que genere riqueza.
Bolivia necesita reconstruir su contrato económico, redefiniendo las reglas para que Estado, empresas y ciudadanos vuelvan a encontrar una relación de derechos y obligaciones. Ya no basta con que el Estado prometa protección, subsidios, empleo o redistribución, que el sector privado reclame seguridad jurídica o que los ciudadanos pidan más beneficios. El desafío es crear las condiciones para generar prosperidad produciendo y no repartiendo la escasez.
Si no entendemos que el problema va más allá de cambiar leyes o achicar el Estado; que los créditos internacionales o la eliminación de las subvenciones son medidas para enfrentar síntomas sin curar la enfermedad; y que el destino de la transición pasa por un nuevo pacto económico, seguiremos caminando en círculos cada vez más estrechos que nos retornarán irremediablemente a la pobreza, el subdesarrollo y el atraso de los últimos 200 años.
* Ronald Nostas Ardaya
Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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