Ficha informativa
El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, obliga a ex candidatos opositores a vender sus tierras en un plazo de 90 días, generando controversia y acusaciones de vulneración de derechos.
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Contexto:
Edwin Claros, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Cochabamba, observó que Loza debería proteger los derechos políticos y civiles garantizados por la Constitución. Caricari justificó la decisión argumentando que los afiliados deben acatar las decisiones asumidas por mayoría en el congreso orgánico.
Los afiliados a organizaciones sindicales del Trópico de Cochabamba participaron en elecciones como candidatos opositores, lo que se considera traición. Claros calificó la decisión como un exabrupto que vulnera la Constitución Política del Estado.
Por qué importa:
La medida representa un precedente peligroso de abuso de poder sindical, vulnerando la propiedad privada y las libertades democráticas. Esto podría llevar a la desposesión arbitraria y persecución ideológica como castigo social.
Datos clave:
- Gobernador: Leonardo Loza
- Plazo para vender tierras: 90 días
- Organización: Federación de Chimoré
- Dirigente que ratificó la decisión: Aquilardo Caricari
Controversia por la venta de tierras en Cochabamba
El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, anunció que los excandidatos que participaron en elecciones con partidos políticos opositores deben vender sus “chacos”, es decir, sus tierras, en un plazo de 90 días. Esta información fue ratificada por Aquilardo Caricari, dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales y de la Federación Carrasco del Trópico de Cochabamba.
Reacciones ante la medida
El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Cochabamba, Edwin Claros, observó que el gobernador Loza, en su rol como dirigente de Chimoré, debería interponer su condición de autoridad para evitar medidas que vulneran derechos. Durante su posesión, Loza juró cumplir la Constitución y las leyes. El artículo 21 y 26 garantizan los derechos políticos y civiles, así como el derecho a la propiedad privada, que debe ser protegido por el Estado, informó ANF.
Derechos constitucionales en riesgo
El artículo 21 de la Constitución Política del Estado detalla las libertades individuales como la expresión y la asociación. Por su parte, el artículo 26 garantiza la participación y el control del poder político. Claros declaró: “Me entero que el gobernador Loza es dirigente de Chimoré; él debería interponer sus buenos oficios para que democráticamente se pueda viabilizar que la gente que piensa diferente tenga cabida en el trópico”.
Justificación de la decisión sindical
Caricari justificó la decisión de los afiliados bajo el argumento de que conocen y están conscientes de que al ingresar a una organización sindical deben acatar las decisiones asumidas por mayoría. Esta decisión fue parte del debate en un congreso orgánico donde aprobaron dicha resolución. “Si deciden afiliarse entienden que deben cumplir los estatutos y decisiones de los congresos dentro de la estructura”, afirmó Caricari.
Consecuencias para los excandidatos
“Efectivamente en la Comisión Orgánica de la Federación de Chimoré se ha resuelto esta decisión de sancionar o recomendar a aquellos que siendo miembros de esta federación hayan participado de las elecciones con diferentes siglas que no sean definidas”, sostuvo Caricari en entrevista en el programa Sin Concesiones de radio Fides.
Un precedente peligroso
Los afiliados a las organizaciones sindicales del Trópico de Cochabamba participaron en los últimos procesos electorales como candidatos de otras organizaciones sindicales opositoras, lo que se considera un acto de “traición”. Claros calificó como un exabrupto la decisión asumida en dicha federación, ya que vulnera la Constitución Política del Estado y las leyes. Esto implica una vulneración de los derechos de las personas por pensar diferente o haber sido candidatos de otras fuerzas políticas.
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