Ficha informativa
La Gobernación de Santa Cruz anunció acciones legales contra el personal que suspendió la atención en hospitales durante un paro de 72 horas, defendiendo el derecho a la atención médica.
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Contexto:
La vicegobernadora Paola Aguirre advirtió sobre desvinculaciones conforme a la normativa vigente. Reconoció el derecho a la protesta, pero enfatizó que no puede estar por encima del derecho a recibir atención médica. Aguirre cuestionó la exigencia del bono de vacunación, argumentando que los salarios están al día y que el pago corresponde al Gobierno nacional. Desde mayo, la Gobernación informó al Gobierno nacional y al Ministerio de Salud que no asumiría ese pago.
Aguirre denunció presuntos casos de nepotismo en el sistema de salud, mencionando declaraciones de dirigentes sindicales. En una entrevista, afirmó que ‘persona que no trabaja, persona que lleva adelante paros injustificados va a ser desvinculada’. También hizo hincapié en la crisis del Gobierno nacional y su impacto en los pagos.
Por qué importa:
Se prevén desvinculaciones del personal que incurra en irregularidades o promueva paros reiteradamente. Aguirre destacó que se aplicarán mecanismos legales para garantizar la continuidad del servicio de salud.
Datos clave:
- Duración del paro: 72 horas
- Fecha límite para el pago del bono: 15 de julio
Acciones legales contra el sector salud en Santa Cruz
La Gobernación de Santa Cruz anunció que aplicará acciones legales contra el personal que suspendió la atención en los hospitales de tercer nivel. Esta decisión surge tras el paro de 72 horas protagonizado por los trabajadores del sector salud.
Derecho a la protesta y atención médica
La vicegobernadora Paola Aguirre advirtió que se procederá con las desvinculaciones correspondientes conforme a la normativa vigente. Aunque reconoció que el derecho a la protesta y a la huelga está garantizado, Aguirre remarcó que este no puede estar por encima del derecho de la población a recibir atención médica.
Exigencias del personal de salud
Aguirre cuestionó que la medida de presión se sustentara en la exigencia del pago del bono de vacunación. Argumentó que el personal administrativo tiene sus salarios al día y que ese beneficio no corresponde ser cubierto por la Gobernación. La vicegobernadora explicó que el bono debía cancelarse hasta el 15 de julio; sin embargo, insistió en que esa obligación corresponde al Gobierno nacional y no a la administración departamental.
Comunicación con el Gobierno nacional
Desde mayo, la Gobernación remitió notas al Gobierno nacional y al Ministerio de Salud informando que no asumiría ese pago, al considerar que no forma parte de sus competencias. En contraste, destacó que la institución sí cumplió con el pago de los salarios del personal de salud.
Denuncias sobre nepotismo
Aguirre también denunció la existencia de presuntos casos de nepotismo dentro del sistema de salud, asegurando que estas situaciones fueron reconocidas públicamente por dirigentes sindicales.
Mecanismos legales para desvinculaciones
En este escenario, Aguirre anunció que la Gobernación continuará aplicando los mecanismos legales para desvincular al personal que incurra en irregularidades o promueva paros de manera reiterada.
“El tema del sistema de salud tiene muchísimas falencias que deben corregirse y, si ello implica tomar decisiones drásticas pensando en el beneficio de la ciudadanía, lo vamos a hacer. Persona que no trabaja, persona que lleva adelante paros injustificados bajo el eslogan de solidaridad entre los diferentes niveles de salud, va a ser desvinculada”, compartió Aguirre en una entrevista con EL DEBER.
Derechos laborales y crisis estatal
Aguirre enfatizó: “Día trabajado, día pagado. El sindicalismo, el foro sindical, el derecho a la huelga, el derecho a la protesta está garantizado, pero nunca este derecho va a estar por encima del beneficio colectivo que significa mantener un sistema de salud”. Además, apuntó: “El personal administrativo tiene todos sus salarios cancelados y reclama un bono de vacunación sin tomar en cuenta que el Gobierno Nacional y las instituciones del Estado se encuentran en crisis”.
“Si la Gobernación no lo ha cancelado, no ha sido porque no quiso, es porque el Gobierno Nacional no ha efectuado los desembolsos para poder proceder al pago de una carga competencial que a la Gobernación no le corresponde cubrir”, indicó Aguirre.
Decisión firme ante paros injustificados
Aguirre concluyó: “Nosotros vamos a seguir con los mecanismos legales establecidos por ley para proceder a la desvinculación de este personal que se ha acostumbrado a hacer del paro la regla y no la excepción”. En este contexto, también mencionó las declaraciones del dirigente sindical ‘Pimpo’ Hurtado sobre sus hijos trabajando en el sistema de salud: “No se puede jactar un dirigente sindical de hacer uso del poder que tiene para acomodar a su entorno en espacios que deben ser concursados”, finalizó Aguirre.
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