Un supuesto proyecto de Decreto Supremo ha sido filtrado en grupos internos de WhatsApp. Este proyecto busca trasladar a los trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) del régimen de la Ley General del Trabajo a la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público. La situación ha generado preocupación en la Central Obrera Boliviana (COB), que ha convocado a un ampliado nacional de emergencia para el miércoles 26 de noviembre de 2025 en La Paz.
Preocupaciones de los sindicatos
El borrador del decreto revela la intención de trasladar a los obreros de estas empresas estratégicas. Según los sindicatos, esto implicaría la pérdida inmediata de beneficios sociales, la restricción del derecho a la sindicalización y el debilitamiento de las estructuras gremiales en el sector energético. La COB considera que esta iniciativa busca eliminar los sindicatos internos y obligar al personal a migrar al régimen de servidor público. Ante este “atentado a la estabilidad laboral”, la COB anticipa un rechazo categórico a la propuesta.
Reacciones de los sindicatos
Sindicatos como la Confederación Sindical de Trabajadores de Luz, Telecomunicaciones, Aguas y Gas, así como el de Trabajadores de ENDE-Cochabamba, han emitido pronunciamientos formales en rechazo al decreto. Estos sindicatos han instruido preparar medidas para frenar su aplicación. Además, los sindicatos petroleros han anunciado su participación en el ampliado de la COB y coinciden en que este proyecto representa un precedente peligroso que podría replicarse en otras empresas estatales.
Advertencias sobre privatización
Los dirigentes de ENDE-Cochabamba han advertido que este tipo de medidas “ilegales y perjudiciales” podrían ser el primer paso hacia un proceso de privatización. Esto derivaría en un incremento de tarifas para la población. Asimismo, han exigido transparencia en el estado financiero de ENDE, subrayando que el personal operativo no tiene responsabilidad en los problemas administrativos de las empresas públicas.
Declaraciones del ministro de Trabajo
La controversia cobra relevancia en el contexto de las declaraciones recientes del ministro de Trabajo, Edgar Morales. El 19 de noviembre, Morales señaló que la Ley General del Trabajo es “muy antigua” y “ya no se ajusta a nuestra realidad”. Indicó que ha encargado a la dirección jurídica del ministerio la revisión de la normativa para proponer las modificaciones y mejoras necesarias. Los trabajadores interpretan el decreto filtrado como una acción concreta para reformar la ley, no para mejorarla, sino para menoscabar sus derechos adquiridos.
Llamado a la unidad nacional
Las organizaciones laborales han hecho un llamado a la unidad nacional para defender no solo la estabilidad laboral y los derechos adquiridos, sino también la naturaleza estratégica y pública de los servicios de energía y petróleo en el país. El resultado del ampliado definirá las medidas que adoptará la principal central obrera del país para frenar lo que consideran el inicio de una ofensiva contra el régimen laboral boliviano.
