Por: Walter Marañon Quiñones
Recientemente, Bolivia fue incluida en la “Lista Gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que implica una etapa de mayor vigilancia por parte de este organismo y el compromiso del país de corregir las deficiencias identificadas en su sistema de prevención del Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT).
El GAFI es una entidad internacional que establece estándares globales para combatir el LA, el FT y la proliferación de armas de destrucción masiva. Para ello, emite recomendaciones, evalúa técnicamente a los países, efectúa un seguimiento continuo de ellos y los clasifica en listas: la “Lista Negra”, que incluye a los países no cooperantes, y la “Lista Gris”, que agrupa a aquellos que se encuentran bajo observación o en proceso de implementar dichas recomendaciones.
La implementación de estos estándares se canaliza a través de organismos regionales como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que actúa como el brazo técnico del GAFI en la región. Bolivia es miembro del GAFILAT, por lo que tiene la obligación de adaptar e implementar estos lineamientos internacionales.
En el caso de Bolivia, el país fue incluido por primera vez en la Lista Gris en 2011 y logró salir en 2013, tras la ejecución de un plan de acción integral que tomó dos años, en línea con el tiempo que necesitaron países como Croacia y Emiratos Árabes Unidos, y menor al de Pakistán que necesitó cuatro años. Esto demuestra que se trata de un proceso que requiere tiempo, pero sobre todo voluntad política.
Dicha voluntad política ha estado ausente en Bolivia, a pesar de las reiteradas advertencias, entre 2021 y 2023, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) derogó la Ley N°1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, y bloqueó dos proyectos de ley posteriores, lo cual motivó la reincorporación del país a la Lista Gris, a pesar de haber cumplido con cerca del 90 % de las observaciones del GAFI.
La principal observación del GAFI a nuestro país es que debe continuar trabajando para implementar su plan de acción mediante la aplicación de técnicas especiales de investigación en casos de delitos de LA y FT, lo cual requiere su atención mediante acciones con rango de ley.
Si la inacción de la ALP persiste en la aprobación de las normas requeridas, Bolivia enfrenta el riesgo de ser incluida en la Lista Negra del GAFI, lo que conllevaría efectos inmediatos, como el aislamiento del sistema financiero internacional, restricciones en operaciones comerciales y financieras, pérdida de corresponsalías bancarias y deterioro en la percepción de riesgo país. Ante este escenario, se requiere voluntad política inmediata y un compromiso efectivo con la agenda normativa para preservar la estabilidad financiera y proteger los intereses económicos del país.
Walter Marañon Quiñones es economista.
