Empresarios, sectores productivos y gremiales, así como representantes del transporte pesado, han exigido la abrogación de la disposición adicional séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Esta solicitud se realizó durante una reunión interinstitucional que tuvo lugar en Cochabamba.
La preocupación principal radica en la «inseguridad jurídica total» que esta disposición genera para las cadenas de suministro. Además, se destaca el impacto que tiene en el abastecimiento de productos a la población.
Los sectores involucrados han identificado que la falta de dólares fue el “detonante” de un aumento en los precios de diversos productos, tanto importados como nacionales. A esta situación se suma el desabastecimiento de carburantes, lo que ha llevado a la población a enfrentar un elevado incremento en los costos de producción, transporte y comercialización.
Este escenario “inviabiliza a miles de actores de las cadenas de abastecimiento”, afectando de manera directa la oferta de productos disponibles para la población.
Cuestionamientos a la ley
Los participantes de la reunión cuestionaron que la disposición adicional séptima de la Ley del PGE 2025 genera una “inseguridad jurídica total” para todos los actores involucrados en las distintas cadenas de suministro. El artículo en cuestión otorga a las entidades competentes la facultad de activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a los actores de comercialización de alimentos, si estas instituciones consideran que hay un encarecimiento o retención de dichos productos.
Participación de diversos sectores
La reunión interinstitucional en Cochabamba contó con la participación de varias organizaciones, incluyendo la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), la Confederación de Gremiales de Bolivia (Confenal Gremiales), la Cámara Boliviana de Transporte (CBT) y la Cámara de Exportadores de Bolivia (Cadex). También estuvieron presentes la Cámara Nacional de Industria Oleaginosa (Caniob), la Asociación Nacional de Avicultores (ANA) y la Unión de Productores Bananeros del Trópico de Cochabamba (Uniban), entre otros.
Vigencia de la ley
La Ley del PGE 2025 entró en vigencia el 1 de enero de 2025 “por fuerza de ley”, dado que no se pudo tratar en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ante esta situación, los representantes de los sectores mencionados han solicitado al poder Legislativo y Ejecutivo que se corrija este error para evitar mayores problemas en el abastecimiento a la población nacional.
