El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, anunció que la disposición séptima del Presupuesto General del Estado 2025 permitirá al Gobierno realizar controles y confiscaciones de productos a quienes almacenen o encarezcan alimentos de forma ilegal. Esta medida se implementa en respuesta a la presunta especulación y agio que se registraron al cierre de 2024.
Dirigentes gremiales, como Toño Siñani, han convocado movilizaciones en contra de esta medida. Sin embargo, representantes de la Central Obrera Regional y de la Federación de Gremiales de El Alto han descartado la posibilidad de protestas.
Explicaciones del ministro
Montenegro explicó que “no va en contra de los gremiales. Los gremiales no llevan cantidades voluminosas y no hacen contrabando a la inversa; los gremiales importan, ¿no? Entonces, comercializan bienes importados, no aquellos que están queriendo salir fuera del país”. La disposición séptima tiene como objetivo garantizar alimentos a «precio justo» y no afecta a los gremiales, quienes pueden participar en la reglamentación para despejar dudas.
Al final de 2024, el Gobierno identificó agio y especulación con los alimentos. Autoridades de los ministerios de Desarrollo Productivo y de Desarrollo Rural han planteado al empresariado la necesidad de reglamentar esta disposición del presupuesto “para que no haya malos entendidos, pero el objetivo es siempre preservar el bolsillo del boliviano”.
Participación de los gremiales
Montenegro consideró que los gremiales pueden ser parte de la reglamentación y reiteró que “no va en contra del sector”. Representantes de la Central Obrera Regional (COR) y de la Federación de Gremiales de El Alto han pedido a la población que no se dejen sorprender por exdirigentes y pseudo dirigentes que convocaron a protestas.
Objetivo de la disposición
Montenegro afirmó: “Queremos preservar que esa producción, que es para el pueblo boliviano, no se desvíe a las fronteras, sino que, primeramente, satisfaga la mesa del boliviano”.
La disposición adicional séptima de la Ley del PGE 2025 otorga facultades al Estado para activar acciones de comiso de productos a quienes pretendan encarecer los precios. Su objetivo es precautelar el abastecimiento de la canasta familiar y la estabilidad de precios en beneficio de los bolivianos.
