Un juzgado de Cochabamba, en la noche del domingo 27 de octubre, decidió liberar a las 37 personas que habían sido detenidas durante una intervención policial en el bloqueo del puente K’ora, ubicado en Vinto. Este incidente ocurrió el viernes anterior a la liberación. A pesar de que los detenidos han recuperado su libertad, deberán enfrentar medidas sustitutivas que incluyen el arraigo y el pago de una fianza.
El abogado Manuel Mariscal informó que sus defendidos han sido liberados. Sin embargo, deberán cumplir con ciertas condiciones, que incluyen el pago de una fianza de 1.000 bolivianos y la obligación de presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público. Estas medidas son parte de las condiciones impuestas tras su liberación.
Denuncias de vulneración de derechos
El abogado también denunció que sus defendidos sufrieron vulneraciones a sus derechos y fueron imputados con cargos que no se corresponden con la realidad. Durante la audiencia, se evidenció un ambiente de odio y racismo hacia ellos, dado que son personas del campo y no se encontraban en sus lugares de domicilio habitual.
Medidas cautelares excesivas
A pesar de la libertad otorgada, el abogado consideró que las medidas cautelares impuestas son excesivas. Anunció que se ha presentado una apelación al respecto, lo que refleja la preocupación por la justicia en este caso. La situación actual pone de manifiesto las tensiones sociales y políticas en el país.
Conflictos sociales en Bolivia
El abogado también mencionó que las condiciones actuales reflejan un contexto más amplio de conflictos sociales en Bolivia. Las comunidades rurales enfrentan desafíos significativos en cuanto a sus derechos y representación. Las demandas por justicia y derechos humanos continúan siendo un tema central en el país, lo que genera un ambiente de incertidumbre y preocupación.
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