El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó el miércoles 11 de septiembre una acción popular ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Esta acción es contra tres ministros de Estado, tres gobernadores departamentales y 12 alcaldes municipales debido a su inacción frente a los incendios forestales que están devastando el país, lo que se considera un desastre ecológico.
La denuncia destaca la falta de medidas tanto preventivas como reactivas ante la creciente crisis ambiental que ha afectado a diversas regiones desde 2019. La acción popular presentada por Callisaya incluye una serie de datos sobre incendios forestales, con información recopilada desde 2019, que demuestra cómo los focos de calor han ido aumentando a lo largo de los años.
Falta de Responsabilidad
Callisaya afirmó que las autoridades no han tomado las medidas preventivas necesarias para evitar el desastre ambiental que estamos enfrentando actualmente. “En este momento no basta con apagar y sofocar los incendios, sino que hay que tomar las medidas con seriedad”, enfatizó. El documento presentado resalta cinco aspectos relevantes sobre los que se exigen acciones concretas.
Derecho al Medioambiente
El primer aspecto se refiere al derecho al medioambiente en relación con la salubridad pública. En este sentido, se señala que ninguno de los niveles estatales ha actuado de acuerdo con lo que establece la norma. Si las autoridades hubieran cumplido con sus deberes en cuanto a la prevención de alertas tempranas, el escenario actual no sería tan desfavorable.
Derechos de la Madre Tierra
Los otros aspectos mencionados en la acción popular se relacionan con los derechos de la Madre Tierra, que están vinculados con la biodiversidad y las áreas protegidas. También se hace referencia a los derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos (NPIOC) en relación con la tierra, el territorio y la territorialidad. Además, se aborda la situación del pueblo indígena Ayoreo en aislamiento voluntario y la declaratoria de estado de cosas inconstitucionales.
Omisión de Autoridades
La acción popular identifica una omisión por parte de las autoridades demandadas, lo que vulnera los derechos humanos de la Madre Tierra y sus habitantes. “Han omitido cumplir eficientemente sus responsabilidades” en diferentes aspectos, como las competencias de los gobiernos autónomos municipales y departamentales, así como la omisión del nivel central del Estado en la protección de la naturaleza y el medio ambiente.
Irresponsabilidad en la Crisis
En este contexto, el Defensor del Pueblo cuestionó que “nadie se hace responsable. Estamos quemando nuestra casa por la irresponsabilidad de aquellos que debieron tomar las medidas necesarias en su momento para mitigar este desastre natural”.
Las autoridades mencionadas en la acción popular incluyen a los ministros de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer Rosales; Salud y Deportes, María Renée Castro Cusicanqui; y Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro. También se citan a los gobernadores Mario Aguilera (Santa Cruz), José Alejandro Unzueta (Beni) y Regis Germán Richter (Pando), así como a los alcaldes de San Matías, San Ignacio de Velasco, San Rafael, San José de Chiquitos, Concepción, San Antonio de Lomerío, San Ramón, Puerto Suárez, Roboré, San Miguel, Ascensión de Guarayos y Puerto Quijarro.
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