La Fiscalía ha confirmado la imputación formal contra el alcalde Adhemar Wilcarani Morales, quien enfrenta cargos por los delitos de incumplimiento de deberes y usurpación de funciones. La denuncia fue presentada por diversas organizaciones sociales, como la Central Obrera Departamental de Oruro (COD) y el Comité Cívico, entre otros, quienes alegan que el burgomaestre autorizó un aumento en las tarifas del transporte público, causando perjuicios económicos a la población.
La Fiscalía ha iniciado una investigación para determinar las responsabilidades en este caso. Durante la etapa preparatoria, que durará seis meses, se examinarán las declaraciones de las personas involucradas, los documentos firmados y las circunstancias que rodearon la aprobación del aumento de pasajes. También se evaluará el impacto económico que esta medida tuvo en la comunidad.
Pasajes incrementados sin estudio previo de costos
La denuncia presentada señala que el incremento de los pasajes fue implementado sin un estudio previo de costos, lo cual contraviene las normativas vigentes. Una acción popular ya había anulado dicho aumento y ordenado la regulación de futuras alzas en los precios del transporte.
Posible aprehensión y medidas cautelares
El avance de las indagaciones permitirá establecer si el Ministerio Público solicitará la aprehensión y aplicación de medidas cautelares contra el alcalde Wilcarani, resaltando el daño económico a los ciudadanos. La investigación también se ampliará para incluir a otros dirigentes que pudieran estar involucrados en la firma del acuerdo. Los transportistas implicados serán llamados a rendir sus declaraciones informativas para contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Importancia de decisiones basadas en estudios técnicos
La investigación tiene como objetivo garantizar que cualquier decisión que afecte la economía de los ciudadanos de Oruro se base en estudios técnicos y valoraciones adecuadas, evitando impactos negativos injustificados.
Hasta el momento, algunas de las personas involucradas ya han prestado su declaración, aunque no se dispone de un detalle exacto debido al alto volumen de casos gestionados por el Ministerio Público, que actualmente ascienden a 5.000 en lo que va de la gestión 2024, indicó el Fiscal.
En resumen, el alcalde de Oruro enfrenta imputación por los delitos de incumplimiento de deberes y usurpación de funciones debido a un aumento en las tarifas del transporte público sin un estudio previo de costos. La Fiscalía está llevando a cabo una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, con el objetivo de garantizar que las decisiones que afecten la economía de los ciudadanos se basen en estudios técnicos adecuados.
