El Ministerio Público ha decidido continuar con el juicio del caso conocido como «Golpe de Estado I», a pesar de no haber corregido las observaciones realizadas por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz. En el documento de radicatoria del caso, se menciona que se ha tomado en cuenta el memorial presentado por el Ministerio Público y se ha decidido radicar la causa aplicando la debida diligencia y el principio de celeridad, según lo establecido en el artículo 340 del Código de Procedimiento Penal.
El Tribunal había solicitado aclaraciones sobre los tipos penales atribuidos a los acusados y, a pesar de esto, ha dado curso al pedido de la Fiscalía para radicar el caso. Sin embargo, en el documento se advierte a la entidad que asume la responsabilidad de esta decisión.
La Fiscalía debe especificar los detalles de los delitos atribuidos a los acusados
El Tribunal ha encomendado a la Fiscalía que especifique el tiempo, modo y lugar en que se habrían cometido los delitos atribuidos a los acusados, como Luis Fernando Camacho, Jeanine Añez, Marco Pumari y Willam Kaliman, entre otros. El abogado defensor de Añez, Luis Guillen, ha cuestionado que la Fiscalía no haya cumplido con los requisitos legales para establecer cómo se perpetró el delito. Según el jurista, el tribunal identificó que la acusación estaba mal planteada y no describía adecuadamente las formas de participación, el modo, el tiempo y el lugar en que las personas procesadas habrían cometido algún hecho delictivo.
Además, el abogado ha reclamado que el Tribunal no haya notificado a las partes las observaciones realizadas sobre la acusación y que maneje el caso como si estuviera en reserva.
Investigación sobre los hechos previos a la renuncia de Evo Morales
Este caso investiga los hechos ocurridos antes de la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019. Entre los implicados en el proceso judicial se encuentran Luis Fernando Camacho, Luis Fernando López, Jeanine Añez, Marco Pumari y exjefes militares y de la Policía, quienes son acusados principalmente por el delito de terrorismo.
