La defensa del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, ha denunciado una presunta injerencia del Gobierno en el caso «decretazo», impidiendo su traslado a Santa Cruz. La Dirección General de Régimen Penitenciario ratificó que no existen condiciones para sacarlo de La Paz.
El exsecretario de Gestión de la Gobernación, Efraín Suárez, criticó al Gobierno por vulnerar los derechos de Camacho al impedir su audiencia. Se ha acusado al Gobierno de interferir en el poder judicial, lo que ha llevado a la suspensión de la audiencia.
Argumentos Contrapuestos
La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, mencionó que el juicio por el «decretazo» no puede avanzar debido a deficiencias procesales. Sin embargo, el abogado Martín Camacho asegura que todas las partes fueron notificadas desde diciembre de 2023, incluida la Procuraduría General del Estado.
El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, ha confirmado que no hay condiciones para trasladar a Camacho a Palmasola, citando informes que indican posibles problemas en el penal y dificultades logísticas en el traslado.
Presión sobre el Tribunal
La defensa de Camacho ha cuestionado la falta de cumplimiento de la orden judicial, sugiriendo que el Gobierno está presionando al Tribunal Octavo de Sentencia para obstaculizar el traslado y el desarrollo del juicio.
