En el marco del caso de dos guardaparques del Parque Nacional Madidi que están siendo enjuiciados por impedir el ingreso de maquinaria minera a esta área protegida, acusados de difamación y calumnia, la senadora de Creemos Centa Rek envió este lunes 26 de febrero tres Peticiones de Informe Escrito (PIE) a los ministerios de Medio Ambiente, Minería y a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
La denuncia contra los funcionarios Marcos Uzquiano y Raúl Santa Cruz fue interpuesta por el operador minero Ramiro Cuevas y el proceso penal se desarrolla en la población de Apolo, sin que las instituciones del Estado se hayan manifestado al respecto. Ese fue el motivo principal para que la legisladora solicitara la información mediante PIE.
Solicitud de información sobre nueva audiencia en Apolo
Rek precisó que el objetivo específico es conocer por qué la juez Janet Gladys Espinoza Colque, como exfuncionaria del Ministerio de Minería y de la AJAM, determinó una nueva audiencia para el jueves 29 de febrero en Apolo, conociendo los riesgos que ello implica para los denunciados ya que toda la provincia Franz Tamayo de La Paz estaría controlada por mineros ilegales.
Llamado a acciones a favor de guardaparques
«El objetivo también es conocer si los Ministerios de Minería y Medio Ambiente están tomando acciones a favor de ellos, si los están defendiendo por haber protegido esa área protegida de un daño mayúsculo. Lamentablemente, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) se ha mantenido al margen en la defensa; por lo tanto, queremos saber si existe algún grado de connivencia», informó Rek.
Injusticias contra guardaparques en Bolivia
Previamente se denunció ante organismos internacionales que los guardaparques en Bolivia están en total estado de indefensión y deben atravesar procesos irregulares por defender el patrimonio natural. Según la legisladora esto es para que abandonen sus cargos y las áreas protegidas queden desprotegidas.
Amedrentamiento injusto hacia guardaparques
Uzquiano y Santa Cruz estarían siendo perseguidos injustamente solo por cumplir con su trabajo. Esto fue calificado como un trabajo coordinado entre avasalladores, mineros e instituciones estatales.
Dos peticiones solicitan conocer si la actual juez figura en registros desde 2017 hasta 2022 tanto en AJAM como Ministerio. Se requiere documentación sobre sus tareas en ambas instituciones estatales.
