El ministro de Justicia, Iván Lima, aclaró este lunes 26 de febrero que su propuesta de realizar otro referendo como el del 21F fue un ejercicio retórico para evidenciar a quienes están promoviendo otra postulación del expresidente Evo Morales. Además, señaló que las leyes «antiprórroga» deben terminar en archivo tras su tratamiento en Diputados.
La semana pasada, Lima sugirió realizar un referendo con el objetivo de dejar claro que Morales no puede ser candidato presidencial en las elecciones 2025. Ante esta propuesta, el exmandatario respondió que se está reconociendo su habilitación para postularse a Presidente del país.
«Fue un ejercicio retórico para mostrar e informar al país sobre la altura de los que están promoviendo la idea de que Evo Morales pueda ser reelecto. No hay ningún argumento válido para afirmar que Evo Morales pueda ser reelecto», aclaró el ministro al tiempo de afirmar que la sentencia 1010/2023 es definitiva.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) falló la sentencia constitucional 1010/2023 donde en su parte considerativa señala que no se puede acceder a la presidencia del Estado más de dos veces ya sea de manera continua o discontinua.
Prórroga de Magistrados
Por otra parte, la autoridad también aseguró que los proyectos de ley (PL) 075 y 073, denominados «antiprórroga», deben terminar archivados tras su tratamiento en la Cámara de Diputados y no ser aprobados.
Según Lima, todos los miembros que participaron en la firma del acuerdo político por las elecciones judiciales estaban conscientes de que ambas normativas solo se iban a tratar; sin embargo, solo el jefe de la bancada Creemos, Henry Montero, decidió abandonar esa instancia en ese entonces denunciando que el «arcismo» no aprobaría la cesación de los magistrados.
Cabe mencionar que la semana pasada, el jefe de bancada Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, reconoció que el acuerdo solo prevé el tratamiento, por lo cual dejó la aprobación de estas normas en manos de la Cámara Baja.
«No habrá una ley que anule una sentencia o una declaración constitucional», reiteró Lima a Fides agregando que caso contrario se desmantelaría por completo el control constitucional.
Las autoridades del Órgano Judicial cumplieron su mandato el 31 diciembre, pero prorrogaron su gestión hasta que exista nuevos titulares judiciales electos. Ante este fallo surgieron muchas críticas argumentando vulneración constitucional; sin embargo, el gobierno defiende esta medida.
