El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó este lunes 26 de febrero un programa que permite convertir los inmuebles abandonados del Estado en viviendas populares o destinarlos a otros proyectos sociales, como escuelas, hospitales y parques.
El llamado programa de «Democratización de los Inmuebles del Estado’, lanzado en un acto en el Palacio presidencial de Planalto, identificó unos 3.700 terrenos vacíos, edificios desocupados o infraestructuras abandonadas que pueden ser destinados al proyecto.
Entre los inmuebles que podrán ser aprovechados figuran edificaciones públicas invadidas por organizaciones que luchan por la reforma urbana, cuya ocupación podrá ser regularizada, y hasta aeropuertos desactivados.
Pese a que el decreto que instituye formalmente el proyecto tan solo fue firmado este lunes, la iniciativa comenzó a ser implementada desde enero de 2023, cuando el líder progresista asumió su tercer mandato como jefe de Estado.
La ministra de Gestión Pública, Esther Dweck, explicó que desde el inicio del Gobierno recibió la orden de Lula de identificar los inmuebles que pueden ser aprovechados para la construcción de barrios o viviendas populares y darles un uso social.
«El Gobierno anterior (del líder ultraderechista Jair Bolsonaro) lo que estaba haciendo era vendiendo esos terrenos y edificaciones, muchas veces por precios cuestionados; lo que nosotros haremos es darles un destino social correcto», dijo.
La ministra dijo que su cartera identificó inicialmente 509 inmuebles gestionados por organismos del Gobierno en 200 municipios; de estos, 68 pueden ser convertidos en parques o instalaciones culturales o deportivas; 49 en escuelas; 26 en hospitales y 27 en comisarías policiales.
Agregó que su Ministerio también identificó 3.213 inmuebles abandonados gestionados por el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y también susceptibles de aprovechamiento.
Según la ministra, dentro de los inmuebles del INSS ya se inició el proceso para convertir 471 en conjuntos habitacionales populares y gestiones para transformar otros 12 en edificios destinados a población con recursos limitados.
Los inmuebles destinados al proyecto serán cedidos a gobiernos regionales y alcaldías con proyectos para darles un uso social o a empresas constructoras especializadas en vivienda popular; también podrán asignarse directamente a las familias ocupantes pendientes de regularización.
Dweck señaló que ya se inició el proceso socialmente beneficioso con respecto a 264 propiedades ubicadas en 174 municipios; entre ellas destaca un aeropuerto desactivado en Belém donde se erigirá una instalación con fines sociales utilizada como sede para la Conferencia del Clima COP30 organizada por Brasil prevista para el año 2025.
Fuente: EFE.
