Tras conocerse que los magistrados prorrogados serán juzgados por juicio de responsabilidades, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Santos Mamani, manifestó el martes 30 de enero que lo correcto es que sean sometidos a la justicia ordinaria porque estas personas ya no son autoridades legales.
El legislador espera que no se trate de una maniobra política para distraer a la población, pasar el problema a la Asamblea Legislativa y asignarles a los legisladores una tarea que no les corresponde, ya que legalmente los magistrados ya no están ejerciendo funciones y deberían ser juzgados por vía ordinaria.
Juicio de responsabilidades como privilegio inapropiado
“El juicio de responsabilidades es lo que llamamos antejuicio, es un privilegio que se les da a altas autoridades en ejercicio. En este caso, lo que están haciendo es cometer el delito de usurpación de funciones”, declaró el legislador.
Según su criterio, lo que debería haber hecho la juez es recomendar a los magistrados que se vayan a sus casas y dejen de cometer ese delito, porque incluso la Fiscalía General del Estado podría iniciar acciones legales contra estas altas autoridades del órgano judicial.
Magistrados podrían evadir consecuencias legales
Tomando en cuenta que los juicios de responsabilidades tardan años en realizarse en Bolivia, Mamani aseguró que esta determinación es prácticamente un saludo a la bandera, porque los magistrados no serán ni juzgados ni mucho menos sentenciados, y por eso actúan sin miedo a las consecuencias.
Ante esta situación, el diputado del MAS aseguró que las acciones de estas autoridades generarán convulsión en el país, porque desde ahora se ve cómo el Órgano Judicial está completamente desinstitucionalizado y que pronto el Tribunal Electoral y la Asamblea Legislativa correrán la misma suerte.
Gobierno utiliza a la Asamblea Legislativa como carne de cañón
Finalmente, aseguró que el plan del Gobierno es utilizar a la Asamblea Legislativa como carne de cañón, primero echándole la culpa por el fracaso de las elecciones judiciales y ahora haciendo que juzgue a los magistrados cuando no le corresponde. Según su lectura, la intención es que la población culpe al Legislativo por cualquier conflicto resultante de esta situación.
