César Ulloa/Latinoamérica21
A un mes de asumido el gobierno de Daniel Noboa Azín, los últimos acontecimientos de inseguridad y violencia ponen a prueba su capacidad para manejar una crisis descomunal, además de una economía quebrada. Son dos exámenes para el presidente más joven de la historia de Ecuador, quien llegó meteóricamente a la primera magistratura tras su corto paso por la Asamblea Nacional. Pese a un contexto desfavorable, Noboa goza de una alta popularidad y apoyo en esta guerra declarada al crimen organizado.
En menos de dos días, las bandas delincuenciales que operan con el patrocinio de los carteles y alianzas desde Colombia y México tomaron el control de las cárceles, detuvieron como rehenes a los guías penitenciarios, se fugó de la prisión el hombre más peligroso del país, alias Fito, y lo propio ocurrió con el principal sospechoso de querer atentar contra la Fiscal de la Nación, Diana Salazar, capitán Pico. Simultáneamente, se produjeron eventos terroristas en varias ciudades como la explosión de coches bombas y la toma de rehenes a periodistas y personal administrativo por varias horas en un canal de televisión público.
Este cóctel de eventos terroristas condujo al Presidente a decretar un estado de excepción e inmediatamente declarar la alerta de seguridad máxima en el país: conflicto armado interno y declarar la guerra a bandas bien identificadas. Esto nunca había sucedido en democracia. La gravedad de la situación motivó a que todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea cierren filas y pronuncien su respaldo al Gobierno, permitiendo que los policías y militares gocen de amnistía e indulto en caso de defensa propia y de la población en la lucha contra los terroristas. La comunidad internacional también ha respaldado a Noboa, con declaraciones de los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea y los países fronterizos, Colombia y Perú.
Breves pinceladas de la inseguridad
La problemática de la inseguridad y la violencia en los niveles actuales es inédita en Ecuador, sin embargo, no aparece de manera repentina. La fuerza demostrada por las bandas terroristas en estos dos días evidencia un proceso de varios años en los cuales lograron montar una estructura nacional y un modelo de negocio que gira alrededor de la droga. Una estructura con capacidad logística, reclutamiento de miles de jóvenes en sus filas y una estrategia para infiltrarse en el Estado de manera eficiente, cooptando espacios claves del sistema judicial, la Asamblea, gobiernos locales y fuerzas del orden como demuestran las investigaciones de la Fiscal de la Nación, Diana Salazar, en el caso Metástasis.
Ecuador, históricamente, estuvo en medio de dos conflictos armados que sacudieron el tejido social de Colombia y Perú. La frontera compartida con el primero era vulnerada sistemáticamente por la guerrilla de las FARC y en el segundo caso, llegaron los coletazos de Sendero Luminoso y su credo ideológico, convirtiendose en catequesis para algunas agrupaciones radicales indígenas. Pese a ello, los brotes de la inseguridad no llegaban a los niveles de la actualidad, cuando sí la percepción. No obstante, hay varios indicios que vaticinaban un final catastrófico. Cuando se produjo el bombardeo al campamento de las FARC en Ecuador en el 2008 por parte del gobierno colombiano, la Comisión investigadora determinó que había aportes de la guerrilla a la política ecuatoriana. A partir de aquel momento se comenzó a hablar de la narcopolítica.
La respuesta a la encuestas del Latinobarómetro acerca de “con qué frecuencia se preocupa de que pueda llegar a ser víctima de un delito con violencia” en el Ecuador ofrece algunas pistas. En el año 2011, el 43% de la población contestaba que sí, esta cifra subió al 49% en el 2013, bajó a 30% en el 2015 y volvió a subir al 43% en 2023. Es decir, los niveles actuales de preocupación son iguales a los de hace 12 años, sin embargo, los tipos de delito, su frecuencia y cantidad, incrementaron como el número de muertes violentas por cada cien mil habitantes. Ahora se registra una cifra de 40, ubicando al Ecuador entre los países más violentos del mundo.
Entre los años del 2018 y 2023, mientras se incrementaba la percepción de los ciudadanos acerca de ser víctima de un delito con violencia, caía la satisfacción con la democracia y aumentaba la insatisfacción con el desempeño económico. Se podría decir que la población califica mal a la democracia en entornos de inseguridad, además que estas percepciones se producen en un contexto de crisis económica.
Las medidas que adoptó el Presidente Daniel Noboa podrán ser evaluadas recién en el mediano y largo plazo, pues desmantelar las bandas terroristas no se logra en un periodo corto. El Gobierno, además de lograr apoyo político interno requiere de recursos, planificación y equipo confiable para combatir dos fenómenos: la infiltración del narco en el Estado y los golpes cotidianos que asesta la delincuencia común al servicio de intereses mayores y transnacionales. En ese sentido, cada vez cobra más fuerza la tesis de que el combate a un problema transnacional requiere del apoyo regional y global.
César Ulloa es cientista político y comunicador. Coordinador General de Investigación del IAEN, Doctor en Ciencias Sociales por FLACSO-Ecuador. Últimos libros (2020): «En el ojo del huracán. Ley de Comunicación en Ecuador» y «Chávez, Correa y Morales: discurso y poder».
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