Carolina Moreno y Stephanie López/Latinoamérica21
El gobierno de Gustavo Petro lleva más de un año en el poder y, hay que decirlo sin ambages, su liderazgo en materia migratoria ha sido un continuo letargo, escasamente perturbado por algunos trinos que desconciertan. Ante esta ausencia de gestión de las autoridades nacionales de Colombia preocupa, en especial, lo que tiene que ver con la llamada migración de tránsito. El ostracismo en el que se ha venido dejando la política migratoria del país no solo es lamentable, sino que repercute de la peor manera en las personas migrantes y refugiadas que cruzan o residen en territorio colombiano. En tal sentido, es necesario contar con una agenda pública en la que el renglón migratorio tenga, de nuevo, el lugar relevante que el contexto impone.
En primer lugar, como ya algunas voces lo han advertido, resulta lamentable que el acceso a los datos sobre el comportamiento de la migración venezolana en Colombia sea hoy tan escaso, casi inexistente. Por una parte, Migración Colombia dejó de publicar las infografías periódicas que nos permitían conocer el número de personas venezolanas en el país, cuántas de ellas mujeres y hombres, así como los rangos etarios y su distribución territorial. Por mucho tiempo tuvimos un rezago de esa información, pues la última infografía publicada era la que presentaba los datos de la migración venezolana con corte a febrero de 2022.
Solo hasta hace unos días se publicó un nuevo reporte, con información de hace un año, en el que se indica que, a octubre de 2022, hay cerca de 2.9 millones de venezolanos en Colombia. Además, a pesar de que con el registro para el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) se cuenta con datos de caracterización socioeconómica a partir de un cuestionario de más de 80 preguntas, estos datos no son abiertos. Pero no solo se han dejado de producir y publicar los datos oficiales sobre migración venezolana, sino que también se ha vuelto muy difícil acceder a las infografías oficiales de Migración Colombia producidas en los gobiernos anteriores. Incluso, los enlaces de búsqueda de dichos datos ya no funcionan y el ícono de la página web de Migración Colombia que permitía acceder a esta información en un solo sitio ha desaparecido.
La opacidad de los datos es igualmente una cuestión que se replica en la otra migración, aquella que, supuestamente, no tiene vocación de permanencia, de la cual poco o nada se ha dado a conocer por parte del gobierno nacional. La dinámica de la migración por el Darién la hemos conocido, exclusivamente, a través de agencias internacionales, por el gobierno panameño o por autoridades de control colombianas.
Esta migración de tránsito ya no solo es la que cruza por el Tapón del Darién. De acuerdo con el más reciente informe de la Procuraduría General de Colombia, también está saliendo desde la isla colombiana de San Andrés hacia Nicaragua. Esta migración, históricamente invisible, lo hace en condiciones de altísima vulnerabilidad, y sus derechos humanos son violentados sistemáticamente. Mientras que Panamá ofrece datos sobre la población arribando a este país desde Colombia por el Darién, Colombia no cuenta con una acción similar, lo cual es muy lamentable. En cualquier caso, de acuerdo con el informe de la OIM sobre migración de las Américas, sabemos que “a junio de 2023 la frontera terrestre entre Panamá y Colombia ha registrado un incremento interanual del 90 por ciento, con 196371 entradas irregulares” (p. 1), y que “los venezolanos son la primera nacionalidad migrante irregular en tránsito en todos los países excepto en Estados Unidos, donde son segundos” (p. 15).
Adicionalmente, en las últimas semanas el gobierno de los Estados Unidos hizo dos anuncios importantes, pero contradictorios, frente a la migración desde Venezuela, precisamente por el aumento de estos flujos hacia el país y por presión política por parte de ciudades como Nueva York, que se han visto desbordadas en un contexto de campaña presidencial. El primero es la extensión del permiso de protección temporal (TPS) para la población venezolana, por 18 meses. El segundo, en contravía del primero, es la deportación de las personas venezolanas hacia su país cuando intenten cruzar la frontera norteamericana de manera irregular. Esta política de externalización de fronteras, que se extiende hasta Colombia, tiene consecuencias directas sobre la población en tránsito.
Luego de que se conocieran estas medidas, el presidente Gustavo Petro anunció en Twitter la necesidad de contar con corredores humanitarios para el “retorno de venezolanos”. Sin embargo, hay que decirlo con claridad y sin eufemismos, (i) las deportaciones no son repatriaciones; (ii) el retorno siempre debe ser voluntario, y (iii) las deportaciones, por definición, no son voluntarias. En cualquier caso, estas deportaciones ponen cada vez más en tela de juicio la voluntad del gobierno de contar con una migración “segura, ordenada y regular”, como dice el Pacto sobre Migraciones de Naciones Unidas, mientras las personas migrantes en tránsito siguen poniendo en riesgo sus vidas intentando llegar a los Estados Unidos. Además, implícitamente, se reconoce que las condiciones en Venezuela son idóneas para este retorno, violando el principio de no devolución.
La diversidad de los flujos y sus rutas migratorias, en algunos casos con vocación de permanencia, en otros de tránsito, nos invita, ineludiblemente, a abordar la movilidad humana de manera integral y con un enfoque de derechos humanos, donde la protección de la persona y su seguridad sean el centro de la acción estatal. Hacemos un llamado al gobierno colombiano a diseñar y ejecutar medidas positivas en este sentido. El reciente anuncio de la apertura de “indagaciones preliminares” a algunos funcionarios del sector de Relaciones Exteriores (Cancillería y Migración Colombia), realizado por la Procuraduría, “por la presunta omisión de la aplicación integral de la Política Integral Migratoria (PIM) respecto a la población que atraviesa el Tapón del Darién”, no hace más que ratificar la inacción que aquí estamos describiendo.
Carolina Moreno es Profesora asociada y directora del Centro de Estudios en Migración, Facultad de Derecho, Universidad de los Andes (Colombia).
Stephanie López es Investigadora postdoctoral de The Local Engagement Refugee Research Network (LERRN), Carleton University, Ottawa (Canadá).
