Los avasallamientos y homicidios ocurridos en Santagro en el municipio El Puente, provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, serán investigados por la Policía para evitar mayor violencia en el sector, aseguró la pasada jornada el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.
Los enfrentamientos entre interculturales y trabajadores de la empresa Santagro, dejaron un saldo de dos personas fallecidas y varios heridos. Hasta el momento, efectivos policiales se desplegaron por todo el lugar afectado para hallar a los responsables de esas dos muertes.
“Desplazamos efectivos policiales por vía terrestre como por vía aérea. Personal de la Policía Boliviana va a llegar con toda la indumentaria necesaria para desarmar a estos grupos tantos privados como otros grupos”, detalló al momento de informar que la empresa privada contrató a grupos armados que se enfrentaron a interculturales, provocando heridos y dos fallecidos.
Las tierras en conflicto, son tierras fiscales y existe un proceso en el Tribunal Agroambiental que impide a empresarios o interculturales ocupar el lugar, sea para siembra o para vivienda.
El ministro de Gobierno pidió a la Justicia resolver el conflicto para tener una certeza jurídica del beneficio que estas tierras le dan al país.
“La forma de solucionar estos conflictos no es con la violencia y como Gobierno nacional seguiremos luchando contra los avasallamientos vengan de donde vengan”, remarcó la autoridad a momento de señalar que estas muertes serán investigadas.
Asimismo, indicó que los asesinos serán puestos ante la Justicia, pues tanto empresarios privados como interculturales, se convierten en avasalladores, al ocupar territorio no disponible.
CEPB pide sanciones
Por otro lado, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pidió al Gobierno ser drástico para sancionar los casos de avasallamiento y toma de tierras que se registran en diferentes partes del país como lo ocurrido en recientes días en Santa Cruz.
“Deploramos los avasallamientos a la propiedad privada y la toma ilegal de tierras porque generan violencia e inseguridad y ponen en riesgo la producción y el trabajo. Pedimos que el Gobierno sea drástico para sancionarlos, pero sobre todo oportuno y eficiente para evitarlos”, se lee en una publicación de las redes sociales de la CEPB.
