El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, manifestó este jueves que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), ratificará la decisión de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y dará vía libre al juicio por difamación que inició el empresario de Quiborax, David Moscoso, en contra suya y del diputado Carlos Alarcón.
“El Tribunal Supremo de justicia llevó adelante una acción irregular anulando un proceso legal contra David Moscoso y estableció su inocencia”, indicó en un principio, según reportó LA PATRIA.
Asimismo, señaló que el Tribunal ya garantizó la impunidad de responsabilidades no solo de Moscoso sino de exfuncionarios del expresidente, Evo Morales.
“Lo que estamos a punto de vivir ahora es la consumación de la impunidad de Moscoso, de quienes tienen responsabilidad en el gobierno de Evo Morales y la viabilidad del juicio y espuria en nuestra contra”, señaló Mesa.
Por su parte, Carlos Alarcón, denunciado en el mismo caso, apuntó que la audiencia de Amparo Constitucional sería programada para este viernes en La Paz.
El caso Quiborax involucra a Mesa, debido a que en 2004, cuando era Presidente del país, retiró las concesiones mineras de la empresa Quiborax, que decidió demandar al Estado boliviano ante un Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que determinó el pago de 42,6 millones de dólares del Estado boliviano a la empresa.
Según Mesa, David Moscoso, que ahora lo denuncia por difamación, falsificó documentos de la empresa Non Metallic Minerals para llevar al Estado boliviano a este laudo arbitral por el caso Quiborax.
La pasada semana, el exmandatario denunció persecución política por una demanda penal por injurias, difamación y calumnias presentada por Moscoso.
Mesa cuestionó esta denuncia, debido a que el mismo Moscoso se declaró culpable de falsificación en un proceso abreviado, sin embargo, indicó que el juicio fue anulado después, en septiembre de 2021, por el Tribunal Supremo Justicia (TSJ) y lo declaró inocente.
Con este recurso, el líder opositor considera que el Gobierno, a través de la Autoridad de Fiscalización de Empresas, busca cerrar un cabo suelto porque el objetivo general es que el TCP ratifique la decisión del TSJ y así dar vía libre al juicio privado por injuria, difamación y calumnia.
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