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CC presenta acción de inconstitucionalidad contra el Gobierno por cobro de uso de vidrios polarizados

Parlamentarios de Comunidad Ciudadana en una conferencia de prensa / LA PATRIA
La senadora Andrea Barrientos, cuestionó también que en el Decreto Supremo 4740 no especifica donde irán los fondos recaudados de las multas.

La senadora Andrea Barrientos, diputada Toribia Lero y el diputado Alejandro Reyes, todos de Comunidad Ciudadana (CC), presentaron una acción de inconstitucionalidad contra los decretos que fijan el cobro por uso de vidrios polarizados. 

Lero inició la conferencia de prensa indicando que esta denuncia fue presentada la pasada jornada y que va en contra del Presidente del Estado, Luis Arce, y del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.  

“No puede ser que un decreto supremo esté por encima de las normas como una ley (…) Están tratando de sobreponerse a la Constitución Política de Estado”, manifestó la diputada. 

El Decreto Supremo 4740 obliga al trámite de una autorización para uso de vidrios oscurecidos y polarizados en vehículos.

El Ministerio de Gobierno advirtió que, a partir de este miércoles 1 de febrero, comenzarán los operativos policiales contra quienes no hayan obtenido esta autorización. 

Asimismo, la senadora Barrientos explicó que los decretos supremos vulneran el ArtÍculo 14 y el Artículo 109 de la Constitución Política del Estado y vulnera el Código Tributario, porque éste señala que todo pago debe estar regido por una ley y no un decreto.  

“Por lo tanto nadie debería estar obligado a pagar la multa que hoy nos quieren imponer”, dijo, según reportó LA PATRIA.  

La legisladora de CC, denunció también que se cometen actos de discriminación a través de este decreto, porque establece una multa de 100 bs. para el sector público y una multa de 200 bs. para el sector privado. 

“Es decir que cualquier ciudadano que tenga vidrios negros y sea pillado hoy día por los policías, al ciudadano privado le van a cobrar 200 bs. y al del sector público 100 bs., eso es discriminatorio y atenta también contra los derechos humanos”, añadió Barrientos.

 Cuestionó también que en el Decreto Supremo 4740 no estipula donde irán los fondos recaudados de las multas.

/NVY


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