«Exigimos la inmediata liberación de todos los presos políticos que están en las cárceles de Bolivia y que se encuentran detenidos por órdenes de Arce Catacora, simplemente por satisfacer caprichos de Evo Morales Ayma que no soporta que la población boliviana se haya revelado en su contra por el fraude electoral para su reelección», señaló ayer una de las resoluciones del pronunciamiento de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Oruro (Apdho).
Su presidente, Jorge Castillo hizo público el documento, debido al conflicto que se suscita en la ciudad de Santa Cruz, a raíz del encarcelamiento del gobernador de ese departamento, Luis Fernando Camacho.
«A la población boliviana y a la Comunidad Internacional, nos dirigimos para denunciar que el gobierno de Luis Arce Catacora y el MAS manejan el argumento de golpe de Estado para arremeter violentamente en contra de líderes de la oposición y la población cruceña, utilizando a la Policía Boliviana, Ministerio Público y grupos de encapuchados causan zozobra en la ciudad de Santa Cruz», se manifiesta en el pronunciamiento.
Se hizo notar, el uso desproporcionado de agentes químicos y armas antidisturbios, que a juicio de la Apdho, vulneran flagrantemente la Constitución Política del Estado.
«Es inocultable que la persecución política se ha convertido en un arma para demoler cualquier intento de oposición al régimen. La prácticas detestables y cobardes que utiliza la Policía Boliviana que no respeta ni los templos de la Iglesia para arremeter violentamente contra jóvenes que se refugiaron para evitar ser detenidos, nos muestra que estamos gobernados por un gobierno fascista que no respeta la oposición, el disenso, la libertad de pensamiento, el derecho a la protesta y la libertad de expresión que son básicamente los fundamentos de una convivencia pacífica entre los bolivianos y de una sociedad civilizada», resaltó.
La Apdho rechazó las expresiones del comandante del Ejército Juan José Zúñiga, quien mostrando una absoluta ignorancia y escaso conocimiento de las normas advirtió neutralizar a los enemigos internos, utilizando una doctrina de los años 60 y 70 de la dictadura militar en Bolivia.
«Recordándonos que gorilismo está intentando retornar al país. El régimen de Arce Catacora no puede utilizar la persecución política y criminalizar el derecho a la libertad de expresión, la protesta para detener y encarcelar a ciudadanos que tienen todo el derecho de expresar su opinión», se indica en el documento.
Señalaron desde la Asamblea que el Ministerio Publico investiga los acontecimientos suscitados durante la rebelión popular el 2019 y recordaron que también en Oruro ocurrieron hechos violentos y vejámenes a la dignidad humana, ordenados por el exgobernador Víctor Hugo Vásquez, utilizando bienes del Estado y funcionarios públicos en Vila-Vila, Caracollo y comunarios de Challapata que utilizando armas de fuego de largo alcance trataron de impedir el avance de ciudadanos de Potosí y Sucre.
Por tales observaciones, exigieron la liberación de todos los presos políticos. También demandaron el cese desproporcionado de la violencia policiaca ordenada desde el gobierno en contra de la población.
«Manifestamos nuestro repudio e indignación por el vergonzoso servilismo y poco profesional de los Comandantes de la Policía Boliviana, quienes de manera sumisa ordenan reprimir a la población que pacíficamente se manifiesta. Ratificamos nuestra posición de exigir una profunda y urgente reforma judicial, porque una vez más se está demostrado el vergonzoso sometimiento y servilismos de jueces y fiscales que actúan bajo órdenes del poder político», señalaron.
