Sobre el caso coima millonaria en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Juan José Jáuregui afirmó que en el Gobierno “no existen vacas sagradas” y que todas las autoridades o funcionarios que participaron tienen que ser investigadas.
A la pregunta sobre si las investigaciones deben llegar al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, el legislador aseveró que “no existen vacas sagradas, se tiene que investigar a todos los funcionarios que tengan participación”.
También agregó que es un tema que preocupa, porque existe la probabilidad de que los servidores públicos cometieron actos ilícitos de corrupción, sin embargo, recomendó “no prejuzgar” sin conocer los antecedentes en el proceso investigativo.
“Si existe este tipo de favoreciendo en un proceso de contratación hay que hacer seguimiento para que el Ministerio Público y el juzgado acelere los plazos y que se sancione de manera ejemplar a estos malos funcionarios”, manifestó Jáuregui a la ANF.
En este caso, el legislador es defensor de la “presunción de inocencia” del presidente de la ABC, Henry Nina, quien tras la denuncia no dio ninguna explicación; solo el ministro Montaño señaló que se coadyuvaría en las indagaciones y que se pidió a la entidad caminera los documentos de la auditoría.
El diputado de la bancada oficialista Héctor Arce denunció en pasadas horas en la Fiscalía General del Estado a varios funcionarios entre ellos a Nina porque presuntamente cobraron una coima de poco más de Bs. 18 millones a la empresa china Harbour Engeneering Company (Chec) para que se adjudique y ejecute la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez.
La denuncia contra los funcionarios de la ABC y Chec son por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, cohecho pasivo propio y uso indebido de influencias.
Por su parte, el diputado opositor de Creemos, Walthy Egüez exigió que las autoridades de la estatal caminera vinculadas al ilícito de corrupción sean alejadas de la empresa a fin de que se realice una investigación idónea en cumplimiento de las leyes anticorrupción que establecen las sanciones penales.
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