Ficha informativa
La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) rechaza la ampliación del estado de excepción en Bolivia por 90 días, aprobada el 17 de septiembre de 2026, advirtiendo sobre una crisis económica y limitaciones a derechos ciudadanos.
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Contexto:
Fencomin expresó su rechazo a la ampliación del estado de excepción, argumentando que esta medida profundiza la crisis económica y afecta a los hogares bolivianos. Josué Richard Caricari, presidente de Fencomin, mencionó la necesidad de trabajar sin medidas que funcionen como una mordaza institucional. Además, se vinculó el respaldo parlamentario a denuncias recientes sobre cobros irregulares a legisladores.
Los ministerios del área defienden el estado de excepción como una herramienta para garantizar el orden público y frenar la violencia. Caricari confirmó que se emitirá una convocatoria para un ampliado nacional donde se analizará el escenario macroeconómico y político.
Por qué importa:
La prórroga del estado de excepción limita severamente derechos constitucionales como la libre circulación y el derecho a la protesta. Esto genera alertas sobre la calidad democrática en Bolivia y provoca movilizaciones en el sector cooperativista.
Datos clave:
- Fecha de aprobación: 17 de septiembre de 2026
- Duración del estado de excepción: 90 días
- Votos a favor en la ALP: 100
- Total de legisladores presentes: 158
- Número de Decreto Supremo: DS 5707
- Número de Decreto Supremo anterior: DS 5636
Tensión entre cooperativas mineras y el Gobierno boliviano
El pulso entre el sector productivo y el Ejecutivo vuelve a tensarse en Bolivia. La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) expresó su más enérgico rechazo a la ampliación por 90 días del estado de excepción, aprobada la madrugada del 17 de septiembre de 2026 por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con 100 votos a favor de un total de 158 legisladores presentes. Para los cooperativistas, esta medida, avalada bajo el Decreto Supremo 5707 y la continuidad del DS 5636, profundiza la crisis económica y asfixia aún más a los hogares bolivianos.

Impacto del estado de excepción en la economía
La prórroga del régimen excepcional no es vista solo como un asunto de seguridad, sino como un freno directo al aparato productivo. Desde la perspectiva de Fencomin, los bolivianos ya cargan con el peso de la inflación, el encarecimiento de los insumos y los crónicos problemas de abastecimiento de combustible.
Derechos constitucionales en riesgo
Analistas y sectores sociales advierten que mantener este tipo de restricciones limita severamente los derechos constitucionales, como la libre circulación y el derecho a la protesta. Esto enciende alertas sobre la calidad democrática del país al restringir las vías ciudadanas para reclamar ante la crisis.
Reacciones del sector cooperativista
Josué Richard Caricari, presidente del Consejo de Administración de Fencomin, afirmó: “Rechazamos profundamente, así categóricamente, esta ampliación”, al remarcar que los sectores necesitan trabajar y no medidas que funcionen como una mordaza institucional. Además, Caricari vinculó el respaldo parlamentario a la norma con denuncias recientes de supuestos cobros irregulares a legisladores destapadas por Nadia Beller, citado por Red Uno.

Defensa del Gobierno ante las críticas
En defensa del Gobierno, los ministerios del área sostienen que el estado de excepción es una herramienta indispensable para garantizar el orden público, frenar la escalada de violencia generada por conflictos pasados y asegurar la transitabilidad en las carreteras del país. Desde el oficialismo se argumenta que las medidas extraordinarias otorgan estabilidad y tranquilidad a la mayoría de la población, minimizando los riesgos de nuevos desabastecimientos y asegurando que las operaciones estatales no se detengan ante amagues de paralización nacional.
Movilización del sector cooperativista
Lejos de aplacar los ánimos, la decisión legislativa dinamizó a las bases mineras. Caricari confirmó que en los próximos días se emitirá la convocatoria oficial para reunir a todas las federaciones afiliadas en un ampliado nacional. En dicho cónclave, el sector cooperativista analizará en profundidad el escenario macroeconómico y político para definir de manera orgánica las acciones concretas y las medidas de presión que asumirá el sector en defensa de sus fuentes laborales.
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