El Gobierno aprovecha que está en agenda el tema del Censo y está promulga normativas inconstitucionales que “violan la libertad” y atentan contra los derechos de la población, según advirtió el fin de semana reciente, la senadora por Creemos, Centa Rek.
Al respecto, la legisladora prepara un recurso de inconstitucionalidad abstracta para presentar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con el fin de frenar el efecto de estas.
Además, advirtió que el Gobierno utiliza algunos artículos atentatorios de la Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas, promulgada en 2021 y abrogada por la presión social, estas nuevas normas “para instrumentalizar las figuras persecutorias”.
Según la legisladora, cuando se promulgó la norma que postergó el Censo para 2024, también hubo un “paquetazo” de dos decretos más, uno de ellos, aprueba la estrategia de la supuesta lucha contra la corrupción, pero centraliza la figura del colaborador eficaz en el Ministerio de Justicia.
“(Con este decreto) el Ministro de Justicia tiene tuición para pasar por encima del fiscal, del Ministerio Público, de los jueces y es el único encargado de hacer conciliaciones con esta figura del colaborador eficaz”, expresó Rek.
Asimismo, añadió que: “Eso está fuera de la Constitución no habrá derecho a la debida defensa y la gente será sindicada por delitos que ni siquiera ha cometido. En resumen, es persecución política en manos del Ministerio de Justicia. Es muy grave, atentatorio contra cualquier ciudadano”.
En la misma línea, el abogado constitucionalista Williams Bascopé en una publicación de Los Tiempos, advirtió sobre el Decreto Supremo 4757 porque viola a la Constitución y a la libertad. Manifestó que a título de luchar contra la corrupción, el feminicidio y los infanticidios, se pretende violar derechos y garantías de todo ciudadano.
“Este nefasto decreto tiene 23 artículos, la mayoría son inconstitucionales y para maquillarlo se apoyan en la Ley 1443 de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infantes. (El decreto) implementaría la figura de colaborador eficaz, que en realidad será un delator o un obligado a implicar a otras personas, y mejor si son opositores políticos, que solo lo conocerá el fiscal, el Ministro de Justicia, el Defensor, la víctima y el juez”, señaló Bascopé.
“COLABORADOR EFICAZ”
Anteriormente, el Gobierno ya intentó incluir la figura del “colaborador eficaz” en dos normativas: en la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, pero la misma fue abrogada por el Presidente Luis Arce el 14 de noviembre de 2021, tras nueve días de paro cívico.
Sin embargo, la misma figura permanece en la Ley 1390 de Fortalecimiento a la Lucha contra la Corrupción, que en su artículo 5 incluye la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz (Ley 004 del 31 de marzo de 2010), es decir, el artículo 35 de “Colaboración eficaz”.
“El fiscal podrá solicitar al juez que se prescinda de la acción penal a alguna de las personas imputadas cuando ésta colabore eficazmente con la investigación y brinde información esencial para evitar la consumación del hecho o la perpetración de otros, desactivar organizaciones criminales, ayude a esclarecer el hecho investigado o brinde información útil para probar la participación de otras personas, cuya responsabilidad penal sea igual o mayor a la del colaborador”, señala una parte de la Ley 1390.
En el parágrafo III establece: “La información que proporcione el colaborador debe evitar la continuidad, permanencia o consumación del delito, o disminuir sustancialmente la magnitud o consecuencias de su ejecución.
Asimismo, impedir o neutralizar futuras acciones o daños que podrían producirse…
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