Al menos 48 vulneraciones al derecho a la protesta fueron registradas entre enero y mayo de este año. Las organizaciones sociales y defensores de derechos son los más afectados, mientras que la Policía es el actor más vulnerador, reportó el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas.
Del total de casos registrados, 24 se refieren a la detención de manifestantes, 15 a heridos, tres de impedimento de una protesta, tres a la represión de una protesta y tres a la criminalización o judicialización de una protesta.
El Observatorio mencionó la protesta de los trabajadores del sector de salud, los cuales fueron gasificados el 28 de abril por la Policía cuando estaban en cercanías de la Gobernación de La Paz.
También el caso de los maestros urbanos, que fueron gasificados, detenidos y heridos por la Policía en sus movilizaciones de marzo.
Por otro lado, la gasificación a una organización campesina de Cochabamba que arribó a La Paz debido a la molestia por avasallamientos a sus tierras.
Defensores de Derechos
Asimismo, se resalta la vulneración a los defensores de derechos, como cuando el 1 de abril, 13 activistas del Colectivo Mujeres Feministas Pluridiversas de La Paz fueron arrestadas por la Policía por la protesta que realizaron en la zona de Villa Copacabana.
Las manifestantes estaban en puertas de un colegio donde una niña había sufrido abuso sexual, horas después fueron liberadas.
Otro caso sucedió el 4 de marzo en la ciudad de El Alto, cuando tres activistas de la plataforma Articulación de Mujeres y Feministas Pluridiversas fueron arrestadas por la Policía por pegar carteles con mensajes de justicia y en contra de la violencia de género.
En tanto, la presidente la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, fue víctima de agresiones por grupos afines al Movimiento Al Socialismo el 21 de febrero en la plaza Abaroa y el 10 de febrero frente a los juzgados en la ciudad de La Paz, reporto la red Erbol.
Vulneran derecho a la protesta
De los 48 casos, 42 vulneraciones fueron cometidas por miembros de la Policía boliviana, tres a grupos de personas afines al MAS, dos responden al ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija, Aldo Velásquez, y uno al Ministerio Público, cuando demandó a la Universidad Autónoma Tomás Frías a entregar la lista y los Kardex de todos los directores de carrera y estudiantes que participaron en las movilizaciones durante la crisis política de 2019.
Sobre los casos que aluden a personas afines al “partido azul”, dos corresponden a las agresiones en contra de Amparo Carvajal y una en contra de personas que exigían la libertad de la expresidente Jeanine Añez en alrededores de la cárcel de Miraflores.
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