Un juez, en complicidad con malos servidores públicos y consorcios delincuenciales de abogados, ya no liberarán a feminicidas o violadores con el pretexto de padecimiento de alguna enfermedad terminal, así lo informó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, la presente jornada al mismo tiempo de anunciar la emisión de la primera Sentencia Constitucional de Avocación.
La declaración de la autoridad fue en alusión a los resultados de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio.
“Hemos querido, a través de una serie de acciones, evitar que estas cosas se repitan y en ese marco se ha emitido una sentencia histórica, la primera Sentencia Constitucional de Avocación, que determina de manera firme que ningún juez libere a un feminicida o a un violador, bajo el pretexto de enfermedad terminal”, manifestó la autoridad gubernamental.
Prada explicó que varios delincuentes recurrieron a ese recurso para salir en libertad, recibiendo la ayuda de malos administradores de justicia.
Asimismo, la autoridad recordó que la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio culminó sus tareas con la destitución de diez jueces y ocho fiscales, la recaptura de 21 personas, entre feminicidas y violadores, además de que el 100 por ciento de juzgados de ejecución penal y disciplinarios del país fueron intervenidos, según informó la Agencia Boliviana de Información.
“Quince de los 18 jueces de ejecución penal están siendo procesados, ya sea por la vía administrativa o por la vía penal, y diez de ellos han sido destituidos. Estos son resultados, sin lugar a duda, muy importantes porque es la primera vez que se da este tipo de intervención y de acción inmediata en el Órgano Judicial”, explicó Parra.
El 1 de febrero de 2022 el Presidente Luis Arce instruyó la formación de la comisión como respuesta inmediata a la crisis provocada por la “ola” de violencia hacia las mujeres y denuncias por casos de prevaricato en beneficio de feminicidas.
Trabajaron en conjunto los ministerios de la Presidencia, Justicia y Gobierno; Cámaras de Senadores y Diputados; Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional, Comité de Género del Órgano Judicial, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Policía y Defensoría del Pueblo.
/ LMPT
