Por casos de gripe y otras afecciones detectadas en el Centro Penitenciario San Miguel de Uncía, el exlíder cívico potosino, Marco Antonio Pumari, pidió ayuda mediante una carta, señalando que no existe apoyo de las autoridades correspondientes.
Pumari escribió una carta desde su encierro, aseverando que existe poca atención de parte de quienes están a cargo del penal.
“Lo que preocupa (es) la poca o casi nada de apoyo de las autoridades llamadas por ley, lo que demuestra el olvido a las personas privadas de libertad de este penal”, señala parte del escrito.
El exlíder cívico se dirigió a los miembros de “Proyecto país”, expresando su preocupación por un presunto contagio generalizado de resfríos, lo que conlleva tos y gripe en la población de internos.
Los insumos solicitados son: Mochilas fumigadoras, detectores de temperatura y material de desinfección.
“Agradecido de antemano me despido, bendiciones a cada uno de ustedes y sus familias”, concluye la misiva.
Detención de Pumari
El 11 de diciembre, el Juzgado Primero de Instrucción Penal de Potosí dispuso la detención preventiva por seis meses en el penal de Uncía para Pumari, por supuestos delitos electorales en 2019.
“El Juzgado de Instrucción en lo Penal 1 de Potosí resolvió que el Ministerio Público acreditó la probabilidad de autoría de los delitos que pesan en contra del exdirigente cívico Marco Pumari y determinó su detención preventiva por seis meses en el recinto penal de Uncía”, señaló de manera oficial, el Ministerio de Justicia.
La Fiscalía argumentó que Pumari supuestamente vulneró el artículo 238 de la Ley 026 de Régimen Electoral, de acuerdo al reporte del diario Página Siete.
“La persona que promueva desórdenes o por cualquier medio obstaculice, obstruya o impida la realización o desarrollo de procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato, o que evite que las autoridades y sujetos electorales ejerzan sus atribuciones y derechos en un determinado espacio territorial del país será sancionada con pena privativa de libertad de dos a cinco años. Si fuera servidora pública, además quedará inhabilitada para el ejercicio de la función pública por un tiempo de dos años”, señala el inciso h.
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