Desde el Gobierno y el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Legislativo decidieron, este jueves, aclarar que la Ley 342 de Desarrollo Económico y Social recientemente sancionada en la Cámara Alta es parte de la Agenda Patriótica con miras al Bicentenario que se consensuó y trabajó hace años y, por ende, no afecta las autonomías de las regiones.
El senador oficialista, Félix Ajpi explicó que se procedió en el marco de las leyes786 (Plan de Desarrollo Económico y Social y 777; Planificación Integral del Estado) de marzo de 2016 y en función a ello se redactó la Ley 342 la cual determina el objetivo de la Agenda Patriótica que se apega plenamente a la Constitución Política del Estado (CPE) y respeta las autonomías.
Asimismo, enfatizó que la nueva norma tiene diez pilares para la reconstrucción económica con la industrialización de los recursos naturales, sustitución de las importaciones y, sobre todo, la implementación de altas tecnologías con el propósito de disminuir costos de producción de las materias primas y ser competitivos en el proceso de producción todo con miras a la recuperación económica.
Respecto a la inquietud de algunos alcaldes respecto a la falta de socialización, Ajpi indicó que la nueva norma fue socializada y se recibieron propuestas en los nueve departamentos en las cumbres económicas que concluyó en un encuentro nacional en La Paz en el coliseo Julio Borelli, según reporte del portal Innovapress.
Postura del Gobierno
La ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza explicó que el Plan de Desarrollo Económico y Social fue elaborado como un proceso enmarcado en la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado.
Indicó además que el plan de desarrollo anterior estuvo vigente en el período 2016 – 2020, por lo que se tuvo nueve gobernaciones y 327 gobiernos autónomos municipales los cuales dieron “estricto cumplimiento” a la CPE y la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado.
Mendoza finalizó mencionando que el artículo cuatro de la Ley 777 menciona que el ámbito de aplicación del Sistema de Planificación Integral comprende a los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Electoral, el Tribunal Constitucional Plurinacional, las instituciones de control y defensa de la sociedad y del Estado, las entidades territoriales autónomas, las empresas y las universidades públicas.
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