Bolivia tiene un compromiso de aprobar el proyecto de Ley Contra la Legitimización de Ganancias Ilícitas, con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Si ésta no fuera aprobada, el país entraría en una lista roja de países que pone en riesgo el control internacional de activos ilícitos, afirmó este lunes el analista político, Carlos Börth Irahola.
Explicó durante una entrevista en Radio Panamericana, que este organismo hace revisiones a sus asociados sobre el cumplimiento de los estándares fijados por ellos, para el control de los activos de origen ilícito, para evitar su “blanqueo” como método de lucha contra estos delitos que generalmente están asociados a organizaciones criminales internacionales.
En noviembre de este año, Bolivia tendrá la visita de una comisión de la Gafilat y este grupo vendrá a comprobar si el país cumplió con estas obligaciones que fueron asumidas en el Gobierno de Evo Morales.
“Si comprueban que Bolivia no cumplió esto, retornará a la lista roja de países que pone en riesgo el control internacional de activos ilícitos y eso es altamente pernicioso no solo para la imagen gubernamental, sino para todo el país y sus actividades normales”, señaló Börth.
Asimismo, explicó que el problema está, en que el régimen de Arce Catacora, aprovecha esta necesidad de aprobar el proyecto de ley, para introducir excesos estatales, excesos gubernamentales que podrían tener efectos negativos sobre la vida cotidiana en el país tanto en el escenario económico, político y social.
“Esos excesos son, el incluir en la ley como agentes obligados a emitir los informes al personal de confianza de los actores económicos, como: Abogados contadores e iglesias, violando todas las normas del ejercicio profesional”, sostuvo el analista.
También mencionó que otro de los excesos es: “Darle atribuciones en sede administrativa a un organismo dependiente del Ministerio de Economía, como es la Unidad de Investigación Financiera (UIF), darles atribuciones para bloquear cuentas, para ordenar incautación de bienes orillando al margen del sistema judicial”.
El analista dijo esos excesos son aprovechados por personeros del Gobierno y se les abre la oportunidad de introducir mecanismo para perseguir a determinadas personas que “ellos escojan” violando derechos poniendo en riesgo la seguridad jurídica en el país.
“Bolivia debe cumplir sus obligaciones asumidas con estos organismos internacionales, pero debe hacerlo respetando el marco constitucional, la vigencia y protección de los derechos de las personas, encontrar mecanismos agiles como corresponde de acción interinstitucional entre la sed de administrativa que es la unidad financiera y el sistema judicial”, aseveró Börth.
En tanto aseguró que ningún organismo internacional puede obligar a un país a título de estándares internacionales violar su propia Constitución o ir contra su realidad.
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