Mediante un comunicado la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pidió el viernes reciente la suspensión del Proyecto de Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales (Conal), que ha sido aprobado en la Cámara de Diputados y se encuentra en la Cámara de Senadores para su tratamiento.
Mientras, el Gobierno sostiene que la norma todavía es un proyecto que está en debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y que no afectará a «ciudadanos de a pie».
La entidad expresó que el proyecto contiene artículos que afectan derechos y garantías constitucionales y, debido a la ambigüedad e imprecisiones de su redacción, ponen en indefensión a los ciudadanos, empresarios y emprendedores.
“La decisión del Gobierno de incorporar en la legislación disposiciones emanadas de acuerdos y tratados internacionales para combatir el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, no puede justificar el menoscabo a derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la privacidad, el secreto profesional, la libertad de prensa, la protección de datos personales y el derecho que tiene todo boliviano a dedicarse a una actividad lícita sin ser sometido a escrutinios arbitrarios, con el temor de ser acusado, procesado y perseguido por simple sospecha, encono personal o mala fe”, señala una parte del comunicado de la CEPB.
Asimismo, manifestaron que incluso la investigación por la presunta comisión de cualquier delito, debe ser llevada adelante respetando el debido proceso y, únicamente, por las instancias judiciales que corresponden.
Detallan también que la posición crítica de más de una veintena de organizaciones de la sociedad, así como la opinión de reconocidos juristas, evidencian la seriedad y gravedad de este tema e imponen al Gobierno la necesidad de abrir espacios de diálogo que permitan atender la preocupación del pueblo boliviano.
El empresariado considera que las serias falencias e impactos que tendría esta ley para el desarrollo de la actividad productiva y la vida ciudadana, son de conocimiento de las autoridades involucradas en su tratamiento, a quienes han hecho llegar el detalle de sus observaciones puntuales, en días precedentes.
“En atención a lo expuesto, solicitamos la suspensión del tratamiento del Proyecto de Ley 218/2020–2021 y la apertura de un espacio de diálogo entre los actores que estamos involucrados, a fin de adecuar esta norma a la supremacía de la Constitución Política del Estado”, concluye el comunicado.
Declaraciones del Presidente de Comcipo
Por su parte, el presidente del Comité Cívico de Potosí (Comcipo), Juan Carlos Manuel advirtió este sábado que, si los bolivianos permiten la vigencia de la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, las futuras generaciones “los van a maldecir” porque habrán consentido que sus hijos vivan en un Estado comunista como el cubano, gobernado por el régimen de los hermanos Fidel y Raúl Castro.
“Estas leyes son lapidarias, es dejar a un país y a las futuras generaciones al sometimiento. Si vamos a permitir que estas leyes se aprueben, nuestras futuras generaciones nos van a maldecir porque van a estar viviendo en un estado Castrista, en un estado madurista y chavista”, señaló Manuel en contacto con la red Erbol.
Anunció además que respaldarán las movilizaciones de los cívicos de todo el país en rechazo al proyecto que ley que se encuentra en el Senado Nacional para su revisión, luego que la Cámara de Diputados aprobara la normativa en medio de una fuerte polémica y rechazo cada vez mayor de varios sectores de la sociedad.
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