Desde la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), mediante un comunicado emitido la jornada anterior, aclararon que el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, no afecta la libertad de expresión y tampoco la labor periodística.
El comunicado de la UIF indica que dicho proyecto de ley no vulnera la Constitución, ni contiene disposiciones que afecten la libertad de expresión, la labor periodística, ni incurre en censura previa.
“Debe aclararse que el artículo 11 del Proyecto de Ley, antes citado, es aplicable solo y exclusivamente a los denominados sujetos obligados y aquellos que tienen el deber de informar en virtud a las actividades que desarrollan; entre los cuales no se encuentran periodistas ni medios de comunicación”, señala el documento.
Los gremios de la prensa anunciaron una reunión nacional en La Paz para el jueves 23 de septiembre para exigir que “no se perfore la Ley de Imprenta”.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), cuestionaron la norma aprobada en la Cámara de Diputados y alertaron que el Artículo 11 del proyecto de ley vulnera los derechos de reserva de información.
La directora general de la UIF, Ana María Morales manifestó el domingo precedente que el proyecto de ley no contempla, en ninguno de sus artículos, que esta entidad pueda solicitar que se levante la reserva de fuentes a periodistas, quienes no tienen el deber de informar, ni mucho menos son sujetos obligados.
“Sus actividades no están vinculadas a la intermediación financiera, mercado de valores, seguros, compra y venta de divisas y otros previstos en el Proyecto Ley, ni leyes en actual vigencia”, explicó la autoridad, según reporte de la red Erbol.
Uno de los acápites de la norma señala que la UIF podrá recabar información pública, reservada o confidencial, de cualquier registro público o privado, así como de entidades públicas o privadas, las que están obligadas a colaborar dentro del término que se les fije, con carácter efectivo e inmediato, excepto la información relacionada con la seguridad del Estado.
La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Samantha Nogales “activó” la alarma al considerar que aquello atentará a la libertad de expresión de la prensa. Ante este hecho, la ANPB y la APLP emitieron el sábado un comunicado en el que denuncian que la norma vulnera el “secreto de fuente”, inscrito en la Ley de Imprenta.
Periodistas de Bolivia ratificaron su preocupación ante lo que consideran un “intento de perforar la Ley de Imprenta”, por ello, ejecutivos de la prensa de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz se reunirán el jueves en la Sede de Gobierno para analizar la norma y exigir a los legisladores una aclaración sobre el artículo 11.
“Vamos a reunirnos el jueves en La Paz para analizar la norma y ver si planteamos la modificación o supresión de este artículo que afecta fundamentalmente a la libertad de expresión e información”, confirmó el ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, Edgardo Vásquez.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca se manifestó mediante sus redes sociales escribiendo que “las democracias deben agradecer y proteger a quienes tienen la valentía de denunciar asuntos cuestionables y de relevancia pública”.
“(En relación al secreto de imprenta) La reserva de la fuente protege precisamente el debate público mientras que la persecución a las fuentes pretende clausurarlo y reprimirlo”, publicó.
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