A través de un comunicado, el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne indicó este lunes que es importante que el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visite el país y evalúe el “abuso de la libertad de la expresión” de medios de comunicación que «supuestamente» se constituyeron en “un actor político”.
El Ministro de Justicia se refirió al comunicado de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que recuerda la vigencia de la libertad de expresión, de prensa y de opinión, como derechos constitucionales y exhorta “a los periodistas y medios de información a ejercer estas libertades con responsabilidad”.
En un comunicado, la ANP pidió, ante varios ataques de autoridades a los medios, ejercer el periodismo “en busca de la verdad y en estricta aplicación de normas de ética, para cumplir el artículo 107 de la Constitución Política del Estado”.
“Tomamos las palabras de la ANP; Página Siete, El Deber y Los Tiempos tienen que hacer un ejercicio independiente con todas las garantías de libertad de expresión, pero también de manera responsable”, señaló Lima en un comunicado institucional.
La autoridad de Gobierno apuntó el parágrafo II del mencionado artículo, que refiere que: “La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”.
Lima aseveró que recientemente se tergiversaron y sesgaron sus declaraciones en relación al proceso de reforma judicial.
Recordó que el miércoles 25 de agosto, durante una conferencia de prensa en la Cancillería, uno de los periodistas hizo una pregunta acerca del plazo para concluir el proceso de reforma judicial.
El titular de esta cartera de Estado, respondió que la transformación de la administración de Justicia es un proceso que recibe la máxima prioridad del Gobierno nacional y compromete la participación del Estado y la sociedad en su conjunto.
Lima aseveró que esa respuesta fue» descontextualizada y sesgada» hasta promover reacciones políticas de la oposición y exministros del Gobierno de Añez.
La reforma judicial “no se puede comparar con la compra de un producto o de una auditoría a las que se les puede fijar una fecha exacta”, dijo Lima.
“Al revisar las editoriales de esos medios y sus portadas, es evidente la amplificación que dan a la Señora Añez y la invisibilización a la situación de las víctimas (de las masacres) y sus familias, a ellos no se les da cobertura, se los revictimiza y además se los ataca. Son esas las disparidades que se evidencian sin el menor pudor, descaradamente”, indicó.
Concluyó indicando que ya existe un discurso de odio y que se debe empezar a reflexionar.
