El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, anunció que impedirá el uso de la palabra a los legisladores que no saluden en un idioma originario, y la medida según observadores de derechos humanos, “colisiona” con la libertad de expresión y la Carta Magna.
La advertencia realizada el pasado 3 de agosto, fue dirigida a 130 representantes que integran la Cámara baja, de los cuales 75 pertenecen al partido gobernante el Movimiento al Socialismo (MAS) y 55 a los opositores Comunidad Ciudadana (39) y Creemos (16).
El parágrafo cuarto del artículo de la Constitución Política del Estado (CPE) “tiene el mandato de que en el ejercicio de los derechos (en este caso pedir la palabra) nadie puede ser obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden”, explicó a la Unidad de Monitoreo de la ANP el abogado independiente Gonzalo Rodríguez.
En consecuencia “estamos frente a un exceso, frente a un atropello a un mandato constitucional porque la opinión, deseo, voluntad o capricho del Presidente de la Cámara de Diputados no es ley. Pero además estamos frente a una mentalidad feudal, pre-moderna, donde la autoridad cree que es la ley”, agregó.
Durante la conferencia magistral “Reflexiones sobre la contribución de los pueblos indígena originario campesinos en la consolidación del Estado Plurinacional” Mamani también habló de “retirar” a funcionarios públicos que no cumplan con el requisito de saludar en idioma originario.
«Estoy pensando, inclusive, para los actuales parlamentarios, vamos a sacar un instructivo, para poder usar la palabra y que al menos salude en un idioma originario. Si no saluda, no tiene la palabra, compañeros», dijo el parlamentario elegido en las listas del MAS.
Mamani justificó su propuesta que sería incluida en la reglamentación de una ley para la protección de las lenguas originarias que comenzará a ser discutida en la Cámara de Diputados próximamente.
La obligación que desea crear también se funda en la certificación que presentaron los legisladores en el que declaran sus aptitudes para hablar uno de los 36 idiomas oficiales de Bolivia, además del castellano. Los servidores públicos también acreditan este conocimiento para ser contratados.
“Tenemos que ir a verificar en nuestros espacios públicos de que, si evidentemente hablan un idioma originario. Acá, en la Cámara de Diputados, muy sencillo, estamos con algunos funcionarios, viene uno y dice que es tacana, perfecto, haremos evaluar si habla, si no habla, vamos a tener que retirarlo, así fortaleceremos nuestra lengua, porque, de lo contrario, pareciera un saludo a la bandera”, afirmó según el reporte del diario cruceño El Deber.
La Ley 269 General de Derechos y Políticas Lingüísticas, vigente desde agosto de 2012, establece en su artículo 21 que las entidades de servicio público, “en la contratación de su personal, deberán ponderar el conocimiento de los idiomas oficiales de acuerdo al principio de territorialidad”.
Para el periodista Ramón Grimalt, “un idioma es una expresión fundamental de la cultura de un pueblo. Pero cuando este se impone por obligación es una forma más de intolerancia”, según escribió en su cuenta de Twitter.
El abogado Henry Pinto, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba, dijo que la obligatoriedad de saludar en un idioma originario no está contenida en ninguna norma vigente, por tanto, va en contra del derecho a la libre expresión y al libre desarrollo de la personalidad, protegidos por la Constitución.
“Si bien la Constitución dice que para acceder a un cargo público se tiene que hablar al menos dos idiomas (un originario además del castellano), no obliga a hablarlos y mientras no esté legislado bajo parámetros constitucionales, resulta ser abusivo”, dijo.
El anuncio de Mamani fue cuestionado y rechazado por algunos legisladores de la oposición.
“Lo que se está haciendo es demagogia, si queremos transformar el país socioculturalmente tenemos que poner sobre todo nuestras culturas y tradiciones (…) No es lo que corresponde (quitar la palabra a los asambleístas), así no colaboramos, nos distanciamos más con este tipo de políticas”, opinó la senadora del partido opositor Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos.
“La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”, señala la Declaración de Principios sobre la Libre Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitida en octubre de 2000.
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