El exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), José Antonio Rivera afirmó que las llamadas telefónicas desde Palacio de Gobierno e instrucciones del Ministerio de Justicia “imperan” más que las normas de la Constitución Política del Estado (CPE), para resolver los casos. El abogado constitucionalista realizó una evaluación sobre la situación de la justicia en nueve meses de Gobierno de Luis Arce.
«Tenemos magistrados y jueces que responden a consignas políticas y resuelven los casos sobre criterios subjetivos, sobre simpatías y antipatías, sobre afinidades políticas. Las llamadas telefónicas de Palacio de Gobierno, las instrucciones desde el Ministerio de Justicia imperan más que las normas de la Constitución, las leyes y la verdad material de los hechos», aseveró Rivera.
Asimismo, afirmó que el Órgano Judicial está “sumido en una profunda crisis estructural”, debido a la ausencia de la dependencia de jueces y magistrados, según su criterio, en algunas situaciones responden a consignas políticas para resolver los casos, reportó la agencia nacional de noticias ANF.
Retardo de procesos penales
Recalcó que la justicia “sigue caracterizada” por una retardación crónica que no cumple los plazos, explicó que un proceso penal como máximo “debería demorar” tres años, sin embargo, en la actualidad lleva más de diez años. Mientras que en material civil un juicio que ahora lleva un promedio de 12 años y “debería ser” solo dos años.
«Se cree que la justicia tarda, pero llega. Si llega tarde ya no es justicia, simplemente es injusticia. De acuerdo a las normas vigentes el proceso penal máximo debería concluir en tres años, el promedio para que termine un proceso en Bolivia normalmente es de diez años. En materia civil un proceso no debería tardar más de dos años, pero el promedio es de 12 años», subrayó.
Por otro lado, remarcó que en materia constitucional donde está en juego los derechos constitucionales y humanos de las personas, una acción de libertad se despacha en 30 días hábiles, pero en la práctica tardan más de un año.
Denuncias por corrupción
«Hay una ausencia de transparencia, los ciudadanos no tenemos acceso a una información fluida, objetiva, transparente de la organización, el funcionamiento de la administración y la impartición de la justicia (…). Los procesos son públicos, hay permanentes denuncias de corrupción y manipulación que no son investigados ni sancionadas.», cuestionó respecto a las críticas a la justicia boliviana.
Indicó que los jueces que son denunciados por corrupción y responden al sistema oficialista no son objetos de investigación ni de procesos ni sanciones.
«Hay una permanente violación a los derechos humanos, primero el acceso a la justicia, Bolivia que tienen 339 municipios apenas 180 municipios cuentan con juzgados el resto carece de un sistema judicial», añadió.
Derecho a la presunción de inocencia
El jurista señaló que en la actualidad no se respeta el derecho a la presunción de la inocencia.
«Se presume la culpabilidad especialmente en esta persecución con fines políticos desplegados contra líderes políticos, ciudadanos que tienen una opinión contestataria y critica respecto al régimen. Las cárceles están llenas de detenidos preventivamente, de cada 100 presos, 80 están con detención preventiva no con sentencia condenatoria ejecutoriada, no se respeta el derecho al debido proceso y la defensa se permite juzgar», sostuvo.
Finalmente, aseveró que existe una «mala calidad de los servicios», donde los jueces dictan fallos totalmente «inmotivados sin sustentos ni una correcta valoración, fallos donde no nos explican ni nos dan razones porque están decidiendo. Tenemos un Órgano Judicial que no cumple el rol ni el papel para resguardar el estado de derecho, estamos transitando de un estado democrático a uno autocrático».
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