El cierre definitivo del caso “fraude” está en manos del fiscal departamental de La Paz, William Alave, quien fue el encargado de llevar adelante el proceso de contratación de profesionales para el peritaje de los resultados de las elecciones generales de 2019.
Alave debe resolver las impugnaciones que se presenten a la resolución de la comisión de fiscales que dictó el sobreseimiento de todos los imputados, exvocales electorales y funcionarios electorales.
El 28 de julio, el Ministerio Público reveló su decisión de liberar de juicio penal a 12 personas, tras tenerlos como imputados un año y ocho meses. Para esta determinación utilizó un informe pericial que estableció la inexistencia de una manipulación informática en los comicios de octubre de 2019.
Procedimiento
En casos de sobreseimiento, a partir de que fueron notificadas con la resolución, las partes tienen cinco días para impugnar la decisión del Ministerio Público, según el procedimiento.
En este caso “fraude”, los denunciantes fueron la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Gobierno, el Tribunal Supremo Electoral, el Viceministerio de Transparencia y la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunica (Agetic), todos administrados por el Gobierno de Jeanine Áñez.
Ahora, estas instituciones están en manos del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), que rechazó la posibilidad de fraude electoral y, por el contrario, denunció un supuesto “golpe de Estado”.
A la fecha, ninguna de las instituciones denunciantes se pronunció en contra de la decisión del Ministerio Público. Sólo lo hicieron el Comité pro Santa Cruz y la agrupación política Creemos, que la impugnaron.
El expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, Arturo Yáñez observó que el Ministerio Público haya esperado más de un año después de la denuncia para encarar dicho proceso de peritaje, reportó el diario Los Tiempos.
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