La Defensoría del Pueblo expresó este miércoles su repudio por las declaraciones del candidato a la presidencia por el Frente para la Victoria (FPV), Chi Hyun Chung, quien hace unos días emitió «expresiones estigmatizantes y discriminatorias en contra de la población LGBT» (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero), por lo que pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) sancionarlo.
“Solicito a su autoridad iniciar las acciones correspondientes a efecto de sancionar al candidato presidencial por el Frente para la Victoria (FPV), Chi Hyun Chung, por expresar abiertamente, como propaganda y promoción de la organización política que representa, manifestaciones estigmatizantes y discriminatorias hacia la población con diversa orientación sexual e identidad de género así como contra las mujeres”, señala la defensora del Pueblo Nadia Cruz en una carta enviada al TSE.
La denuncia surgió luego que Chi en una entrevista del programa Bolivia Decide 20-20 de Bolivisión manifestó que las personas TLGB tienen disturbios psicológicos, en su familia y en su propio ser.
“Un 90% de las personas que están metidas en LGBT están en la prostitución y por algo están en la prostitución. La persona normal no vive en la prostitución”, con respecto a las mujeres señaló que “el rol de las mujeres en la sociedad debe ser cuidar a los varones”.
Según una nota publicada por la Defensoría del Pueblo, Cruz cuestionó que “las declaraciones emitidas en contra de las mujeres sitúan a éstas en un contexto de subordinación y patriarcado, mostrando una actitud de poder y dominio sobre ellas, desconociendo que las mujeres por principio legal, deben recibir la atención que sus necesidades y circunstancias específicas demanden, con criterios diferenciados que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos”.
La Defensora del Pueblo agregó que existe una obligación constitucional del Estado para sancionar toda forma de discriminación, por lo que las declaraciones del candidato deben ser censuradas por el Órgano Electoral con la aplicación de la sanción correspondiente.
“No es posible hablar de democracia cuando se permite el desmedro de los derechos de un sector de la población a efectos de ganar votos”, se lee en el documento publicado por la institución.
