Organizaciones que forman parte de la red Voces del Sur (VDS) presentaron el “Informe Sombra 2019”, el cual compila las alertas concernientes con las violaciones a los derechos informativos en diez países de América Latina.
Las entidades que integran VDS manifestaron, el miércoles reciente, los hallazgos más resaltantes del monitoreo de la libertad de expresión, libertad de prensa y el acceso a la información en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Uruguay y Venezuela.
El editor del informe, Enrique Gasteazoro, explicó que el trabajo realizado por VDS busca ayudar con el monitoreo e implementación de la “Agenda 2030” para desarrollo sostenible en América Latina.
Asimismo, Gasteazoro detalló que la metodología empleada para medir las alertas se basa en el “número de casos de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas a periodistas, personal de medios asociados de comunicación, sindicalistas y defensores de los derechos humanos en los últimos 12 meses”.
El informe documenta y analiza por segundo año consecutivo, de manera independiente la situación del objetivo de desarrollo sostenible, para garantizar de ese modo el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.
También el informe da cuenta del número de casos verificados de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas a periodistas, trabajadores de medios de comunicación, sindicalistas y defensores de Derechos Humanos.
La evaluación está basada en información identificada como alertas que son recolectadas, registradas y reportadas por la red VDS utilizando un grupo de diez indicadores regionales.
AMÉRICA LATINA
El “Informe Sombra 2019” reporta que el periodismo latinoamericano se encuentra en una encrucijada. Las amenazas contra la libertad de expresión, de prensa y el acceso a la información aumentaron debido a un contexto restrictivo creciente.
Las investigaciones periodísticas revelaron entre otros delitos corrupción, tráfico de influencias, de drogas y lavado de dinero, frecuentemente en complicidad con actores del Estado.
En tanto, el informe revela que “las élites tradicionales” han reaccionado a la defensiva al afrontar un periodismo crítico que mantiene “al poder” responsable de sus acciones, conteniendo figuras a lo largo de todo el “escenario político”.
Esto ha generado un ambiente hostil y tenso para el periodismo, poniendo en riesgo la libertad de expresión, la libertad de prensa y por ende el acceso a la información.
Los resultados para América Latina del informe dan cuenta que “entre enero y diciembre del 2019 se reportaron 2.521 alertas en diez países siendo el uso abusivo del poder estatal el indicador con más peso.
En el pasado 2018 se reportaron 734 alertas de los mismos ocho países lo que refleja un incremento de 243% en las alertas reportadas. En este conteo general se excluye Brasil, ya que en 2018 no se contempló el monitoreo en ese país”.
En Honduras, Venezuela y Nicaragua “el abuso sistemático de las instituciones públicas impone un estado (no) oficial de censura, incluyendo el encarcelamiento de periodistas, la creación de leyes para limitar la libertad de expresión y restricciones para acceder a recursos clave” indica parte del documento.
En Ecuador y Guatemala resalta “la inestabilidad social y política resultante de las protestas masivas donde los Derechos Humanos básicos (incluyendo la seguridad y protección a periodistas y el acceso a información pública) fueron vulnerados” resalta el informe.
En Brasil y Argentina la violencia contra periodistas y medios de comunicación no se ha materializado en ataques sistemáticos, pero “se manifiesta en una violencia discursiva, acoso, intimidación y amenazas, las cuales también imponen miedo y autocensura”, da cuenta el documento.
En Perú y Uruguay, a pesar de tener los niveles más bajos de violencia, “los retos para acceder a la información persisten a través de ataques y agresiones aislados y procesos judiciales ocasionales por calumnias y difamación”, subraya el “Informe Sombra”.
BOLIVIA
Desde el corazón de la América del Sur, el “Informe Sombra” indica que “la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información en Bolivia fueron significativamente tensas en el 2019” debido a las masivas protestas, al malestar social que postró a Bolivia “en el contexto de un proceso electoral defectuoso”, la controversial salida de Evo Morales del “poder”, y las consecuencias posteriores de una agitación política.
En 2019, un total de 162 alertas se registraron en Bolivia, que equivale a un incremento del 149% en relación al 2018 y correspondió principalmente a un acrecentamiento en las alertas relacionadas con “acceso a la información, restricciones de internet y agresiones y ataques, las agresiones y ataques a periodistas bolivianos constituyeron un 53% del número total de alertas en contraste con un 28% en 2018”.
“El terrible salto en las alertas relacionadas con agresiones y ataques (un incremento de 383% de un año al otro) se compara únicamente con el incremento en gravedad y crueldad de las agresiones y ataques. Las vidas y bienestar de periodistas, incluyendo reporteros, fotógrafos, camarógrafos han sido sistemáticamente atacada a través de palizas, uso de gas lacrimógeno e incluso explosivos”, resalta el documento.
PERIODISTAS BOLIVIANOS A POCO DE SER LINCHADOS
Durante el 2019, en Bolivia se registraron cuatro alertas por tortura definidas por Voces del Sur, como actos en los cuales periodistas o personas sus allegados fueron sometidos deliberadamente a dolor, castigo, intimidación, comportamiento forzado o grave sufrimiento físico o mental.
Estas “terribles violaciones» contra periodistas manifiestan el incremento en la gravedad que acompaña al frecuente crecimiento de las violaciones en contra de la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información en Bolivia.
RECOMENDACIONES DEL INFORME
Entre las recomendaciones el Informe se destaca que “la protección de la libertad de expresión, prensa y acceso a la información requiere de un trabajo multinivel pues la impunidad es uno de los mayores obstáculos”.
“La reportera Isabel Poma y el camarógrafo Juan Pardo de Paceñísima de Televisión (estuvieron a punto de ser) linchados por manifestantes el 28 de noviembre en El Alto. Ellos fueron golpeados brutalmente mientras cubrían los eventos. Días antes, el 25 de noviembre, Sergio Figueroa de ATB en Cochabamba (también estuvo a poco de ser) linchado por un grupo de manifestantes que intentaron prenderle fuego utilizando gasolina”, relata el informe.
Asimismo, José Aramayo director de Comunidad y Prensa Rural, y también representante de la Confederación de Sindicalistas Campesinos Bolivianos “fue atado a un árbol, amenazado con explosivos y ultrajado en La Paz”.
Estados y gobiernos deben efectuar medidas específicamente diseñadas para “garantizar y velar por la seguridad del periodista, quien necesita trabajar en un ambiente libre de violencia e intimidación”.
ORGANIZACIONES DEL VDS
Voces del Sur (VDS), está formado por diez organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica: Asociación Brasilera de Periodismo Investigativo (Abraji, Brasil), Asociación Nacional de Prensa (ANP, Bolivia), Centro de Archivos e Información Pública (Cainfo, Uruguay), Comité por la Libre Expresión (C-Libre, Honduras), Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (demos, Guatemala); Foro de Periodismo Argentino (Fopea, Argentina), Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios, Ecuador); Fundación Violeta Barrios de Chamorro (Fvbch, Nicaragua); Instituto Prensa y Sociedad (IPYS, Perú), Instituto Prensa y Sociedad (IPYS, Venezuela). Este 2020 se sumaron ARTICLE (México) y el Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (Iclep).
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